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El Gobierno se negó a desvelar quién adjudicó el Castor a la empresa de Florentino Pérez

Otro de los ‘secretos’ que no reveló es el catering que suministró la comida que consumieron la tarraconense Carme Forcadell y el resto de presos del Procés durante el juicio en el Supremo

Xavier Fernández

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El proyecto del Castor, el que 
ha suscitado más preguntas tarraconenses en el Portal de 
la Transparencia. Foto: J. Revillas

El proyecto del Castor, el que 
ha suscitado más preguntas tarraconenses en el Portal de 
la Transparencia. Foto: J. Revillas

«¿Qué documentos previos aconsejaron la contratación del Estado con la empresa Escal-UGS? ¿Quiénes son los funcionarios y altos cargos que lo autorizaron? ¿Qué explican los informes técnicos encargados por el Ministerio de Industria, Energía y Turismo, en relación a los seísmos producidos a finales de 2013? ¿Qué dicen los informes emitidos, en su caso, por la Abogacía General del Estado favorables a la indemnización e hibernación de las instalaciones? ¿Qué constaba en la memoria económica que sirvió para autorizar la financiación (del Castor) por el Banco Europeo de Inversiones?» Son algunas de las preguntas que los ciudadanos lanzaron al Gobierno sobre la macrochapuza del almacén de gas Castor y que se quedaron sin respuesta.

Las preguntas fueron tramitadas a través del Portal de la Transparencia, una web que comenzó a funcionar a finales de 2014 en virtud de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Buen Gobierno, aprobada en diciembre de 2013 por el Gobierno de Mariano Rajoy.

La norma fue publicitada a bombo y platillo como una forma de que la Administración se ‘desnudase’ y respondiese, a través de dicho Portal, a las dudas de los ciudadanos. Entre diciembre de 2014 y el pasado junio se han producido 20.881 solicitudes, es decir, unas 12 al día.

La transparencia no iba a ser total y la ley ya preveía una multitud de causas para denegar la información que solicitase el ciudadano. En estos cuatro años y medio se hayan producido 657 denegaciones, que pueden ser consultadas en el propio Portal.

Entre esas 657 denegaciones, una decena tienen relación con Tarragona. La ‘estrella’ es el frustrado macroproyecto de la empresa Escal-UGS, uno de cuyos socios es el todopoderoso presidente del Real Madrid, Florentino Pérez.

El motivo aducido para no responder a las preguntas sobre el Castor fue que podían vulnerar la ley de protección de datos o interferir con procesos judiciales en marcha. O que la petición de que «se nos informe sobre el desglose del importe (de la indemnización por el cierre del Castor) que se carga mensualmente en la factura de un consumidor particular» no se puede calcular porque «esa cantidad (80.664.720 euros anuales) se financia con los ingresos regulados del sistema en su conjunto, sin una asignación por cliente».

En otro caso, el funcionario de turno se limitó a reenviar la solicitud a la empresa. Alguien había pedido todos los proyectos y contratos vinculados al Castor. En Escal se echaron las manos a la cabeza: «Estamos hablando de casi 22 años de documentos relativos al Proyecto Castor, cuyo fruto son cientos de procedimientos administrativos, con miles de documentos de todo tipo, lo que nos permitiría calificar la solicitud de abusiva». Tras la respuesta de la empresa de Florentino, la Administración desestimó la petición.

Entre las preguntas sin respuesta, hay varias vinculadas al referéndum del 1-O y sus consecuencias. Por ejemplo, un hombre o una mujer (los nombres de los o las que preguntan no se citan) reclamaba información sobre el catering que consumieron los presos independentistas juzgados en el Tribunal Supremo, entre ellos la tarraconense Carme Forcadell.

El catering lo más barato posible

Interior no reveló el nombre de la firma de catering «en evitación de posibles boicots o campañas de acoso a la empresa que presta el servicio». Eso sí, explicó que la cárcel solicitó seis presupuestos a empresas del sector. Recibió cinco ofertas y optó directamente (el concurso no era necesario al no superar los límites mínimos para que una adjudicación sea pública) por la oferta más barata: siete euros por un menú consistente en «dos platos (calientes), pan, postre y botella de agua, con recipientes y cubiertos desechables».

Tampoco se respondió a las preguntas de cuántos policías y guardias civiles se habían desplegado en Catalunya a raíz del 1-O ni cuál fue el coste del operativo. Ni cuánto supuso el alquiler diario de los tres ‘piolines’, los barcos que alojaron en los puertos de Tarragona y Barcelona a los policías que reprimieron a los votantes del 1 de octubre de 2017.

¿El motivo alegado para la denegación? La seguridad. «La difusión de la información relativa a la estructura, organización, medios y técnicas reflejadas en los planes de seguridad, además de vulnerar la normativa reguladora de materias clasificadas, puede afectar a la eficacia de los mismos», dice la resolución.

Una persona quiso saber, el 11 de octubre del año pasado, los «incidentes registrados por la Guardia Civil relacionados con movimientos sociales independentistas, con los autodenominados Comités de Defensa de la República (CDR) o con cualquier otro grupo relacionado durante el año 2017, desglosados por fecha, lugar del evento registrado y tipo de corte». La petición, a nivel general de toda Catalunya, incluía por tanto también Tarragona.

La petición fue denegada por el Ministerio del Interior porque dichos hechos «constituyen ilícitos penales que están siendo objeto un procedimiento judicial». Y, como no, para que la Guardia Civil pueda actuar con ‘tranquilidad’: «Los procedimientos con los que cuenta la Guardia Civil para cumplir la misión encomendada de proteger el libre ejercicio de los derechos y libertades y garantizar la seguridad ciudadana forman parte de la esfera de información sensible para el buen desempeño de estos objetivos. El poder cumplir con éxito las misiones encomendadas a la Guarda Civil depende en gran parte de la protección de estos procedimientos», reza la resolución denegatoria. Interior ‘protege’ a la Guardia Civil. Todo queda en casa. Y el ciudadano sin respuesta.

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