La Fiscalía no ve terrorismo en la explosión de Alcanar

Tras casi dos años de los atentados del 17-A, numerosas víctimas siguen trabajando para ser reconocidas como tales. Los heridos, que desde el principio denuncian dejadez y olvido, alzan la voz, sobre todo por los sucesos en Alcanar y Cambrils.

Robert Manrique, asesor de la Unitat d’Atenció i Valoració d’Afectats per Terrorisme (UAVAT), es especialmente crítico: «La Fiscalía no quiere reconocer lo sucedido en Alcanar como atentado terrorista. El auto de procesamiento habla de 29 heridos entre las dos explosiones. Y, además, hay que tener en cuenta que allí murió el organizador de todo. No sé cómo pueden decir eso». 

Manrique se refiere al fallecimiento del imán de Ripoll, Albdelbaki Es Satty, cerebro de los atentados, en la explosión del 16 de agosto de 2017 en la vivienda de la urbanización Montecarlo, y a todos los heridos que dejó ese suceso previo a los atropellos del día 17 en Barcelona y Cambrils.

El auto de procesamiento, al que ha tenido acceso el 'Diari', identifica 29 heridos, tanto en la explosión inicial como en otra del día después, cuando se retiraban los escombros: 11 Mossos d’Esquadra, dos bomberos –de los parques de Ulldecona y Amposta–, y 16 civiles, básicamente vecinos del chalet que saltó por los aires. En Cambrils, los heridos físicos fueron 12, incluido un Mosso. 

«El Ministerio Fiscal cree que la explosión fue un accidente, que explotaron las bombas pero que no era la voluntad», dice Antonio Segura, abogado de la asociación 11-M

En Alcanar está parte de la reivindicación de la acusación. «Es la gran diferencia de nuestra acusación con la del Ministerio Fiscal, que considera que aquello fue un accidente, que les explotaron las bombas pero que no era el objetivo. Por lo tanto, a los afectados no se les tiene que indemnizar como víctimas del terrorismo y las aseguradoras no les pagan», explica Antonio Segura, abogado de la asociación 11-M. La entidad sostiene que todas las muertes y todos los desperfectos provocados son consecuencia del terrorismo. «La Fiscalía mantiene que fue un accidente, que no hubo voluntad», cuenta Segura. 

La psicóloga Elisa Micciola, coordinadora de la UAVAT, también incide en los problemas a nivel de reconocimiento legal: «En Alcanar tuvimos enormes dificultades con las familias francesas durante los meses posteriores al atentado. El Estado francés tenía serias dudas sobre si consideraba Alcanar como atentado terrorista. Muchos no pudieron acceder a las indemnizaciones por eso». 

«La Fiscalía no quiere reconocer lo sucedido en Alcanar como atentado», lamenta Robert Manrique, asesor de la Unitat d’Atenció i Valoració d’Afectats per Terrorisme (UAVAT) 

La cifras son ilustradoras. De los 19 heridos de Cambrils y Alcanar que lleva la UAVAT –sólo son una parte del total–, únicamente dos han sido reconocidos como víctimas. «De ellas ninguna es de Alcanar. Por lo tanto, no han podido acceder a las ayudas psicológicas gratuitas correspondientes», indica Micciola. En Cambrils, dos víctimas sí han sido reconocidas. «Las personas heridas como tales sí han obtenido el reconocimiento pero el resto, con heridas psicológicas, no. Han recibido denegada su solicitud, están a la espera de respuesta administrativa o pendientes aún de localizar». 

Micciola denuncia la lentitud y las trabas a la hora de que las víctimas sean reconocidas: «Es todo un proceso administrativo que se lleva desde Madrid y es extremadamente complejo. Nos venimos quejando porque, realmente, a día de hoy el porcentaje de resoluciones es bajísimo. Algunos aún ni siquiera saben si Interior los ha reconocido o no como víctimas». Sin ese reconocimiento, no se tiene acceso las indemnizaciones. 

En global, han sido denegadas el 86,3% de las respuestas en el reconocimiento de víctima del terrorismo. El 40% aún no ha recibido ninguna respuesta de su situación administrativa. 

Manrique denuncia los obstáculos para que se reconozca a las víctimas. «Aún estamos asistiendo a víctimas, haciendo las revisiones forenses. El Ministerio nos dice cosas fuera de sitio. En Cambrils, a un chaval de 16 años que atendió a un herido grave, ayudando en lo que podía, el Ministerio le ha dicho que no estaba en riesgo de muerte, que no era víctima porque no estaba justo cuando eso pasó. Yo digo: ‘¿Qué tenía que haber hecho? ¿Quedarse ahí quieto, sin hacer nada, sin ayudar?», se pregunta Manrique. 

Manrique añade: «Los familiares de las víctimas mortales ya están indemnizados. Algunos heridos también, porque sus heridas quedaron acreditadas. Otros no están de acuerdo y han recurrido. Seguimos pendientes en algunos casos». Micciola es muy crítica con la situación: «Han pasado casi dos años y nos encontramos con que esas personas han pasado al olvido del gran foco político. Viven en el abandono administrativo, esperando respuesta e intentando cerrar la herida». 

Algunos vecinos de Alcanar han vendido su residencia y se han marchado

Algunos impedimentos son burocráticos o de procedimiento. Una prueba es lo sucedido en el atropello de Cambrils. «Muchas veces, en el informe de entrada en el hospital, nos encontramos con el motivo ‘caída casual’ o ‘atropello’, porque en aquellos primeros momentos ni siquiera se sabía lo que era, lo que había pasado. Por eso el Ministerio no te busca, no te puede identificar», relata Manrique. El asesor de la unidad cree que también las indemnizaciones por los daños materiales son escasas. «Viendo cómo quedaron los chalets de alrededor, y a la gente que se quedó sin casa y sin coche, no se entiende que hayan liquidado tan a la baja», explica. 

Más allá de eso, reclama que se arroje más luz sobre los atentados y se esclarezcan los hechos. «Tenemos a más de 180 afectados y todos quieren saber qué ha pasado. Dos años después ni siquiera se ha hecho una comisión de Investigación en el Congreso», explica. Este mismo martes tuvo que acompañar a una víctima herida grave en la Rambla al médico forense: «Hay que seguir demostrando que quedan secuelas físicas y psicológicas muy importantes». 

En Alcanar, gran parte de las víctimas fueron vecinos de la propia urbanización que sufrieron daños materiales. Ellos también afrontaron un proceso muy complicado. «Vieron sus viviendas destrozadas y todo ese mantenimiento asciende a una barbaridad de miles de euros. El consorcio de seguros ha pagado unas sumas mínimas e Interior aún no ha empezado a indemnizar», asume Micciola. Algunos se han visto obligados a avanzar grandes sumas de dinero para la reforma. Otros, directamente, han vendido su segunda residencia porque no la podían mantener económicamente y se han marchado de la urbanización, que ha quedado marcada para siempre. 

«Gran parte de vecinos de Alcanar no han podido recuperar sus gastos porque eran extranjeros, la mayor parte franceses, y la ley de reconocimiento de víctimas solo propone la indemnización de hasta el 50% en segundas residencias», cuenta Micciola. Algunos de los afectados vivieron fuera de su casa durante más de 50 días tras los atentados.