Los acusados de los terremotos del Castor aseguran que no se excedieron

Aseguran que redujeron cabales y minimizan el alcance de los seísmos

Diari de Tarragona

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El proyecto Castor siempre ha estado rodeado de polémica. EFE

El proyecto Castor siempre ha estado rodeado de polémica. EFE

El expresidente de Escal UGS, Recaredo del Potro, y el ex consejero delegado, José Luis Martínez Dalmau, han asegurado a la Audiencia de Castellón que las inyecciones de gas al almacén submarino Castor causantes de más de un millar de terremotos no superaron las presiones máximas que podía admitir la estructura. Un argumento que ya utilizaron en la instrucción y que varios expertos y estudios posteriores han cuestionado. Del Potro y Martínez Dalmau, que se han desentendido de las decisiones técnicas diarias, están siendo juzgados por un delito contra el medio ambiente para mantener las inyecciones cuando ya sabían que provocaban movimientos sísmicos. Al respeto, han explicado que redujeron los caudales, pocos días antes de acabar, y han minimizado el alcance de los seísmos.

Los dos acusados, junto con la misma mercantil Escal UGS, han mantenido el guión de sus declaraciones anteriores durante la fase de instrucción: no se sobrepasaron las presiones máximas que podía admitir el sello superior del almacén, los seísmos que empezaron a generar a partir del 3 de septiembre de 2013 eran de poca magnitud y acabaron reduciendo el caudal de las inyecciones pocos días antes de finalizar el ciclo en la fecha prevista, el día 17 de septiembre.

Lo han afirmado después de desvincularse de las decisiones del día a día del almacén, una tarea que han atribuido principalmente al director técnico del proyecto, Carlos Barat, que también figuró como investigado pero murió por enfermedad durante la instrucción.

Según ha reconocido el mismo del Potro, el "problema principal de la sismicidad son las presiones al subsuelo" y ha apuntado que Escal UGS "en ningún momento conseguimos fracturar la roca". Ha vuelto a recordar que la empresa efectuó un sondeo en 2004 que revelaba un comportamiento del almacén "mejor del que se preveía" y que la subcontrata Geostock acabó encargando al Instituto Francés del Petróleo una modelización que determinara la presión máxima admitida por el sello superior del almacén. "Si no sobrepasábamos los 49 bares no había riesgo", ha apuntado, afirmando que en el momento de la inyección solo se incrementó entre 7 y 8.

La tesis ya fue rebatida por el informe del Instituto Geológico y Minero (IGME) de 2014 o por otro de la Universidad de Stanford, que advertían del escaso margen de presión para llevar a termas las inyecciones sin riesgo. La empresa, además, reconoció documentalmente que no los sondeos no le habían permitido disponer directamente de datos del campo Amposta para calcular los umbrales de presión máximo y aseguraba públicamente que la estructura subterránea estaba formada por cavidades diáfanas, extremo que no se ha podido demostrar nunca.

Seísmos que no se sintieron

Este lunes, y desde la Audiencia de Castellón, del Potro ha vuelto a negar la mayor y ha intentado sembrar dudas sobre la causa de los "microseísmos" iniciales que, asegura, "no se sintieron" e inicialmente se localizaban a unos cuántos kilómetros de la zona de inyección. Ha negado que con la "presión que habíamos puesto" no podían haber generado terremotos y se ha escudado en el hecho que los de mayor magnitud, de hasta 4,3 grados en la escala de Richter y percibidos más allá de la costa de las Terres de la Sènia, se registraron a finales de septiembre. Expertos como Josep Giner i José Luis González de Vallejo argumentaron ante la comisión de investigación del Parlamento que las sobrepresiones podrían haber intensificado la oleada sísmica de forma diferida con posterioridad.

Pero uno de los aspectos principales que intenta dilucidar el juicio es, concretamente, la actuación de los dos acusados cuando tuvieron conocimiento de que las inyecciones que estaban llevando a cabo al almacén submarino generaban sismicidad. Después de iniciar las primeras operaciones en junio, Escal UGS tenía que finalizar estas operaciones el 17 de septiembre, una vez efectuada una prueba de inyección al máximo caudal nominal de inyección, 8 millones de metros cúbicos diarios a lo largo de 48 horas, para poder obtener el permiso de operación definitivo por parte del Estado. Unas pruebas que tuvieron lugar el 5 y 6 de septiembre multiplicando por tres, de forma repentina, el caudal introducido hasta entonces. Una práctica desaconsejada por la misma industria.

Pocos días después, el día 10, el Observatori de l'Ebre, que monitorizaba la actividad sísmica, dio el aviso sobre los centenares de seísmos ya registrados. A pesar de esto, y después de una jornada de parada, el día 12 la inyección volvió a llegar a los 8 millones de metros cúbicos diarios. Al día siguiente, el mismo Observatorio sugería que había que parar la actividad ante la evolución del episodio. Según del Potro, Barat había ya decidido bajar el caudal la tarde antes.

El plan, pero, se mantuvo hasta el día 17 de septiembre, según el previsto. La empresa sostiene que la reducción de la actividad ayudó a bajar las presiones y que operaban en una de las zonas con más bajo riesgo sísmico del Estado. Sostienen también que el episodio no ha alterado la "peligrosidad" de la falla de Amposta, que cerraba lateralmente el almacén. Con todo, y con menos de un 5% del volumen total previsto inyectado, los seísmos acabaron superando el millar.

El plan y las prisas

En este contexto, la fiscal de Medio Ambiente de Castelló, Dolores Ofrecio, ha dirigido sus preguntas a conocer si la empresa tenía prisa a la hora de efectuar las pruebas necesarias para conseguir la autorización definitiva para poder operar. Un aspecto que también ha internado esclarecer durante el interrogatorio al ex consejero delegado de Escal UGS, José Luis Martínez Dalmau. Según ha apuntado, la empresa estaba a la espera únicamente de una "auditoría" del gobierno español para conseguir la integración al sistema de retribuciones reconocidas por el sistema gasista y lo ha desvinculado de las pruebas de inyección.

Según ha insistido tanto del Potro como el mismo Martínez Dalmau, que se ha presentado como responsable de conseguir la financiación necesaria para el proyecto, la voluntad de Escal UGS después de los avisos sobre los terremotos era poder continuar el plan de inyecciones, con un incremento de la monitorización. A preguntas de la misma fiscal sobre los mecanismos de previsión y gestión de los riesgos, el ex consejero delegado ha explicado que se pelearon "todos los riesgos" que supone actuar al subsuelo. A pesar de esto, entre todos los estudios encargados no figuraba el de riesgo sísmico que apuntaba el Observatori de l'Ebre.

Como el resto de responsables de la empresa, incluido el presidente de ACS, Florentino Pérez, Martínez Dalmau ha minimizado los terremotos asegurando que los más importantes tuvieron una intensidad 3. "Es a partir de la intensidad 6 cuando se generan grietas", ha declarado.

El papel del Observatori de l'Ebre

El último de los testigos de la primera jornada del juicio del Castor ha estado David Altadill, director del Observatorio del Ebro en el momento de los hechos. Altadill no ha podido dar detalles del convenio firmado entre el organismo y Escal UGS porque asumió el cargo días antes de la crisis sísmica. A pesar de no recordar los detalles, ha reconocido que los correos electrónicos que enviaba la responsable de la monitorización sísmica del Castor, Estefania Blanch, "pasaban por sus manos".

Tampoco ha podido recordar haber participado en una reunión con los responsables del Castor, después de que el 13 de septiembre el Observatori de l'Ebre advirtiera que la sismicidad a la zona era preocupante y que había que rebajar los niveles de caudal de gas inyectado o paralizar la inyección porque había "muchas incógnitas" sobre qué podía pasar.

Altadill ha reafirmado, como hizo en la instrucción, que la zona del Castor es habitualmente una zona de "baja sismicidad" y poco peligro, con un máximo de 10 a 12 microseísmos en el año. El ex director del Observatorio del Ebro ha confirmado que el convenio y el contrato tenía una cláusula de confidencialidad sobre los datos y otras cuestiones y que la empresa no les avisó cuando empezaron con la inyección de gas.

También han atestiguado dos miembros del consejo de administración de Escal UGS, Alfonso Nebreda y Juan Cristóbal González. Los dos han afirmado que se enteraron de la crisis sísmica por la prensa y cuando las inyecciones de gas ya se habían parado. González ha explicado que después recibieron "llamadas" para informarles de los "pasos" que recomendaba seguir el Ministerio y el Observatori de l'Ebre y del hecho que se estaban cumpliendo con creces. "Fuimos más prudentes del que decían las recomendaciones", ha asegurado. Los dos testigos no han podido confirmar que la renuncia a la concesión del Castor se decidiera en el consejo de administración y han defendido que las auditorías externas que pidieron las entidades bancarias concluyeron "que el proyecto era excelente y que se hizo de manera exquisita".

Arca Ibérica se retira de la acusación popular

En la sesión de este martes está prevista la declaración de técnicos del Observatori de l'Ebre así como de varios organismos estatales, como el IGME o el Instituto Geográfico Nacional. No contestarán tampoco las preguntas de los abogados de la Asociación Nacional Arca Ibérica, hasta hace poco acusación popular, y que hace unos días presentó hace unos días un escrito anunciando que se retiraba del proceso. Por otro lado, el juez ha determinado, finalmente, que solo cuatro los 123 afectados de la plataforma Aplaca prestarán declaración en la vista.

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