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Además del riesgo químico, Tarragona y las Terres de l’Ebre conviven también a diario con el riesgo nuclear. La demarcación cuenta con tres centrales nucleares, dos reactores en Ascó y uno en Vandellòs, con sus preceptivos planes de emergencia tanto a nivel interior de las plantas como exterior. A nivel interno, cuya responsabilidad corresponde a las plantas, las nucleares están al día e invierten de forma importante en seguridad; una seguridad que además se ha reforzado en los últimos años después del accidente de Fukushima en Japón, que obligó a revisar los protocolos y a ampliar los supuestos de riesgo para las plantas.
Por el contrario, desde el entorno de las centrales nucleares de Ascó y Vandellòs se denuncia desde hace tiempo las deficiencias del Plan de Emergencia Nuclear Exterior de Tarragona, el PENTA, responsabilidad de la administración del Estado, para atender a la población en caso de un hipotético accidente.
Según detalla el Consejo de Seguridad Nuclear (CSN), los Planes de Emergencia Nuclear Exterior (PEN) tienen por objetivo evitar, o al menos reducir en la medida de lo posible, los efectos adversos que pueden tener las radiaciones ionizantes sobre la población y el medioambiente.
Se basan en las normas y criterios establecidos por el Plan Básico de Emergencia Nuclear y asignan responsabilidades a entidades u organismos públicos en materia de protección civil, seguridad ciudadana, sanidad, protección radiológica y otras, con la colaboración de los titulares de las instalaciones.
El Síndic de Greuges, Rafel Ribó, ha recogido las inquietudes de los municipios del Baix Camp, la Ribera d’Ebre, el Priorat, el Baix Ebre y la Terra Alta más cercanos a las dos centrales nucleares y ha hecho público un informe demoledor, después de comprobar in situ los recursos de los municipios en caso de emergencia.
Deficiencias «sonadas»
Nunca se ha hecho un simulacro general del PENTA para la población, a pesar de que se ha hablado de él durante muchos años. Las comunicaciones todavía se realizan por fax y en algunos municipios hay deficiencias en la megafonía que tendría que alertar a los vecinos.
La Subdelegación del Gobierno en Tarragona ha realizado en los últimos meses algunas mejoras en este ámbito y ha ejecutado simulacros parciales con técnicos y administraciones, para poner a prueba los protocolos.
El informe del Síndic, que califica las deficiencias de «sonadas», propone dotar los planes de emergencia nuclear exterior (general y municipales) de más apoyo y recursos económicos y materiales. Además, el informe recopila la propuesta de establecer un órgano permanente de coordinación entre los municipios, las administraciones del Estado y de la Generalitat y la empresa explotadora de las centrales nucleares, la Associació Nuclear Ascó-Vandellòs (ANAV).
En cuanto a las infraestructuras, es indispensable mejorar las redes de telecomunicaciones, especialmente en los núcleos de población donde aún existen carencias de cobertura de telefonía móvil, por ejemplo, mediante convenios entre las empresas operadoras y las administraciones públicas, y también establecer un sistema telemático de notificación a los municipios de la activación del PENTA.
Asimismo, es urgente mejorar la infraestructura ferroviaria (líneas R15 y R16) como vía esencial de evacuación en caso de emergencia. En el mismo sentido, cabe mejorar el estado y la conservación de las carreteras, pistas y caminos designados como vías de evacuación. Los ayuntamientos denuncian el mal estado de algunas carreteras, como la C-12 (Eix de l’Ebre). Un caso clamoroso es el puente sobre el río Ebre que se construyó en Riba-roja como vía de evacuación del PENTA y que actualmente acaba en un camino rural (aunque la Generalitat proyecta una carretera para conectar la Ribera con el Segrià).
«Planificar simulacros y hacer difusión vía telemática de la activación de los planes municipales también es necesario para garantizar los derechos de las personas afectadas». Igual que es necesario, en opinión del Síndic, otorgar subvenciones a los municipios afectados por centrales nucleares por el procedimiento de concesión directa y con carácter anual.
