«Los seísmos nos afectaron y eso es un delito»

Los vecinos afectados piden 15.000 euros por los daños morales del Castor

Marina Pallás

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Manifestación de la Plataforma en Defensa de les Terres del Sénia, el 2013. Al fondo, el Castor. FOTO: Joan Revillas

Manifestación de la Plataforma en Defensa de les Terres del Sénia, el 2013. Al fondo, el Castor. FOTO: Joan Revillas

Un total de 123 afectados por los seísmos provocados por el proyecto Castor reclaman a la empresa concesionaria Escal UGS 1.845.000 euros por lo daños morales producidos por «la ola de pánico generalizado» consecuencia de los 552 seísmos que se detectaron en las poblaciones afectadas.

La abogada del bufete BCV Lex, Esther Abellán, que representa a la Asociación de afectados por la plataforma Castor (Aplaca) como acusación particular, ha informado que pedirán una indemnización de 15.000 euros para cada uno de los 123 vecinos afectados. Se trata de la misma cifra que percibieron los afectados por el naufragio del crucero Costa Concordia en Italia, en el año 2012, que no sufrieron daños físicos en el accidente pero «sufrieron por su seguridad».

Los hechos ocurrieron en septiembre de 2013, cuando la inyección de gas bajo tierra en la plataforma Castor frente a la costa de Vinaròs provocó una serie de seísmos que notaron los vecinos de municipios cercanos. Nueve de los terremotos causaron «daños de consideración» en nueve viviendas de Vinaròs, Sant Mateu, Amposta y Sant Carles de la Ràpita, señala el auto de apertura de juicio oral del juzgado de Vinaròs. El juez ha determinado, finalmente, que solo cuatro de los 123 afectados de la plataforma Aplaca prestarán declaración en la vista.

«Más que la cantidad, lo que queremos es que se reconozca que hay actuaciones que provocan daño moral. Los terremotos nos afectaron, afectaron nuestro modo de vivir y para nosotros eso es un delito», explica al Diari el presidente de Aplaca, Joan Ferrando. «En este país no se le da importancia a los daños morales ni a los delitos ambientales. Para nosotros la indemnización sería muy importante para los proyectos futuros. Lo primero que se tiene que mirar en esta clase de proyectos son las personas. Y no se les puede afectar», considera. 

Y es que la angustia que vivieron los vecinos de la zona ante los terremotos no fue poca. «Algunas familias, ante los movimientos de varias noches seguidas, decidieron llevar siempre una muda en el coche por si tenían que salir corriendo. Un maestro de escuela en Alcanar hizo un simulacro de evacuación en clase... Esto nos afectó».

La Plataforma de les Terres del Sénia, escéptica con el juicio

Hablar de lucha contra el proyecto Castor es hablar de la Plataforma en Defensa de les Terres del Sénia. Alcanar ha sido durante más de una década el principal foco de oposición al almacén de gas.

Su portavoz, Evelio Montfort, es muy escéptico con la celebración del juicio que comenzó ayer. «No espero gran cosa del juicio y aquí hoy solo se debatirán los terremotos, no todo lo demás. Solo el delito ecológico, cuando hay muchos más... Han intentado salvar los máximos culpables y han cogido los chivos expiatorios por el delito menor, y ya está. Teníamos claro que iba a pasar esto, que iba a ser una farsa».

Por otro lado, las obras del gasoducto del Castor afectaron un tramo de fincas (mayoritariamente de cítricos) de 14 metros en Alcanar y Vinaròs, lo que implicó que tuvieran que talar tres líneas de naranjos. Una vez terminadas, la zona de afectación es de 7 metros a cada lado, donde no se puede plantar ningún árbol todavía hoy, aunque diversas resoluciones judiciales hayan invalidado estas obras. 

«Se tendría que quitar la afectación. Lo lógico sería dejar la canalización para no volver a hacer daño a las fincas, pero en todo este proceso de lógica ha habido más bien poca. Los payeses no saben si comenzar a plantar o no. El gobierno debería de enviar una carta y decirles que no se preocupen, que la finca es de ellos y que planten».

Respeto al futuro desmantelamiento de la plataforma, Mont-fort advierte que las válvulas son del 2015 y que tienen una vigencia de cuatro años. «Hace dos años que se hubieran tenido que cambiar, así que aquí tenemos un problema y hay riesgo».
 

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