Sánchez se abre a revisar el calendario del cierre nuclear

El cierre escalonado de los siete reactores nucleares operativos en España que comenzará en 2027 con la clausura de Almaraz I (Cáceres) ha abierto un dilema energético que se ha intensificado a raíz del apagón del 28 de abril. El calendario de cierres fue pactado en 2019 entre las empresas titulares (Iberdrola, Endesa, Naturgy y EDP) con Enresa (empresa pública responsable de la gestión de los residuos radioactivos), por lo que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, entra al debate dejando la pelota en el tejado de las nucleares al ofrecerles un «calendario distinto» que prorrogue su vida.

Pero lo que podría leerse como un acercamiento, es en realidad una forma de alejar la posibilidad de la prórroga, ya que los «requisitos» establecidos por el presidente son condiciones rechazadas por las empresas propietarias. «Si proponen entre ellas un calendario distinto al pactado, nosotros les escucharemos», señaló el presidente, que renglón seguido aseguró que entre los requisitos, además de que la prórroga garantice la seguridad de los ciudadanos y el suministro eléctrico, está su viabilidad económica. Es decir, que esta prórroga no sea «a costa del bolsillo de los contribuyentes» sino que lo paguen «los ultrarricos que presiden esas nucleares». Sánchez fue ayer especialmente crítico desde la tribuna del Congreso con las empresas propietarias de las centrales. Llegó a afirmar que «estamos muy lejos» de que esos tres requisitos se puedan cumplir porque «quieren que sea la clase trabajadora y no ellos los que paguen la prórroga».

«No hay ni un solo estudio serio que diga que la energía nuclear es imprescindible en España», argumentó el presidente, que recordó que «ninguna de estas empresas ha solicitado formalmente que el prorrogue el calendario». Sin embargo, un reciente informe de la Agencia Internacional de la Energía subraya que si no se acelera la implementación de tecnologías de almacenamiento energético, el cierre nuclear -cuya operatividad supera el 80% frente a la intermitencia de las energías de origen solar o eólico- incrementará la dependencia del gas, cuyos precios son más volátiles y generan más emisiones de CO2.

Energías «complementarias»

El consejero delegado de Endesa, José Bogas, contestó ayer -sin saberlo, ya que sus palabras las pronunció prácticamente a la vez que Sánchez- que no es que las eléctricas no quieran pagar o quieran trasladar algo del coste al consumidor, sino que las nucleares «se ven penalizadas» a nivel fiscal frente a otras fuentes de generación que no emiten CO2.

No obstante, incidió en que el apagón no debería enfrentar a la energía nuclear con las renovables porque ambas son tecnologías «necesarias para dar más estabilidad» al sistema eléctrico y «complementarias». En una conferencia con analistas, advirtió de que aunque el sistema es «muy seguro y fiable», eso no significa que «no estemos a favor de extender el cierre de las nucleares ni aumentar la remuneración de la red, porque es necesario».

Propuesta de prórroga

El calendario de desmantelamiento nuclear fue pactado en 2019 entre las empresas propietarias de las centrales y Enresa, como recordó ayer Sánchez. Pero el debate reabierto en los últimos meses llevó a la ministra de Transición Ecológica, Sara Aagesen, a pronunciarse hace unos días asegurando que el Gobierno «sigue esperando» que las titulares presenten una propuesta de prórroga y lamentó que hayan pospuesto la reunión del 20 de mayo. Aagesen recordó que el planteamiento del cierre nuclear fue de «las propias empresas propietarias» y que aún «no hay ninguna propuesta encima de la mesa».