Energía
El Gobierno envía al CSN la documentación para prorrogar la vida de la central de Almaraz hasta 2030
Iberdrola, Endesa y Naturgy piden formalmente mantener en funcionamiento la planta cacereña; el Ejecutivo exige garantías de seguridad, suministro y sin coste extra para los ciudadanos.
Imagen aérea de la central nuclear de Almaraz, en Cáceres.
El Gobierno español ha remitido al Consejo de Seguridad Nuclear (CSN) los documentos técnicos necesarios para solicitar una extensión de la vida operativa de la central nuclear de Almaraz, en Cáceres, con el objetivo de mantener sus dos reactores activos hasta 2030.
Esta maniobra no solo supone activar el análisis regulatorio desde la perspectiva de la seguridad nuclear, sino también dar un paso decisivo en un debate energético que ha cobrado fuerza en las últimas semanas.
Las compañías propietarias de la planta —Iberdrola, Endesa y Naturgy— han formalizado su voluntad de prolongar la explotación más allá de las fechas inicialmente pactadas, que fijaban el cierre en 2027 y 2028.
En su propuesta, las eléctricas subrayan que la prórroga es técnicamente viable y defienden que su continuidad contribuiría a estabilizar la red en el suroeste, evitando un “hueco importante” de generación sincrónica ante la creciente demanda y la transición hacia renovables.
En paralelo, el Gobierno, a través de la ministra para la Transición Ecológica y del Reto Demográfico, Sara Aagesen, ha defendido que su posición no ha variado: las llamadas “líneas rojas” para dar luz verde a una ampliación siguen siendo las mismas.
En concreto, exige que la extensión garantice la seguridad nuclear, el suministro eléctrico y, muy importante, que no suponga un coste adicional para los contribuyentes. Según Aagesen, las eléctricas incluso han renunciado a pedir rebajas fiscales con esta solicitud.
El debate alrededor de Almaraz ha reavivado la tensión política y social. En Extremadura, la presidenta de la comunidad autónoma, María Guardiola, ha ofrecido reducir impuestos ambientales si la planta sigue operando después de 2027, mientras que más de ochenta colectivos han suscrito la “Alianza por Almaraz” para reivindicar su continuidad, subrayando el impacto económico regional de su cierre programado.
El CSN, por su parte, ha comenzado ya la evaluación de los documentos recibidos, aunque aún no ha fijado un calendario público para emitir su dictamen. La decisión que adopte será clave no solo para el futuro de Almaraz, sino también para la hoja de ruta nuclear y energética española.
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