El Parlament aprueba el decreto ley para regular las comunidades energéticas y parques de baterías

El Parlament de Catalunya ha validado este miércoles el decreto ley que busca agilizar la implantación de proyectos de energías renovables y que regula, por primera vez, las comunidades energéticas y los parques de baterías para el almacenamiento de electricidad. La norma ha contado con el respaldo de PSC, Junts, ERC y Comuns, mientras que Vox ha votado en contra y PPC, CUP y Aliança se han abstenido.

La consejera de Territori, Sílvia Paneque, ha defendido que la aprobación del decreto envía un mensaje “muy positivo” a los productores de renovables. Según el Departament de Territori, la norma permitirá reducir los plazos de implantación de proyectos solares y eólicos hasta 18 meses, la mitad del tiempo que actualmente se tarda, estimado en tres años.

El decreto ley se ha trabajado con ERC y Comuns y pone el foco en la seguridad, el coste, la agilización administrativa y la soberanía energética. La cámara ha rechazado tramitar el texto como proyecto de ley, pese a la petición de Vox y CUP, que solo han contado con el respaldo de Aliança y la abstención del PPC.

Durante el debate, Paneque ha subrayado que la descarbonización es una respuesta “racional” de una sociedad que actúa con “responsabilidad” ante un riesgo global, calificando el decreto como una política de prevención que impulsa el crecimiento económico y la competitividad del país, al tiempo que refuerza la normativa urbanística y sitúa a los ayuntamientos en el centro de la toma de decisiones.

Por su parte, la diputada socialista Andrea Zapata ha celebrado que el decreto “dé oxígeno” a la ciudadanía y ha destacado su carácter transversal y su contribución a la resiliencia energética y a la seguridad jurídica de los municipios.

Desde Junts, Jordi Munell ha reconocido que el Gobierno ha trabajado correctamente el decreto, a diferencia de junio, cuando se presentó sin consenso. Montse Bergés (ERC) ha valorado los mecanismos de participación local y el compromiso de publicar el PLATER antes de fin de año.

Entre las críticas, Eva García (PPC) ha pedido consenso amplio antes de realizar cambios, y Javier Ramírez (Vox) ha denunciado que el proyecto pone “en jaque” a los municipios. Lluís Mijoler (Comuns) ha destacado el consenso con entidades ecologistas y la apuesta por una transición justa y viable. La CUP y Aliança han advertido sobre la falta de participación local y los riesgos de descontrol territorial.

Regulación de parques de baterías y comunidades energéticas

El decreto establece por primera vez la tramitación de instalaciones de almacenamiento con baterías, reduciendo el riesgo de apagones, y regula las comunidades energéticas, permitiendo la participación de los entes locales y considerándolas de “interés público” para facilitar la instalación de placas solares en cubiertas.

Agilización de la implantación

La norma simplifica los trámites administrativos, permite transmitir proyectos sin ponerlos en servicio, eleva hasta 500 kW la potencia mínima que requiere autorización y acelera la mejora de infraestructuras eléctricas. También refuerza la Oficina de Gestión Empresarial (OGE) y facilita los trámites de pequeño cableado e instalaciones de recarga.

El Departament de Territori calcula que estos cambios podrían reducir los plazos de implantación hasta la mitad en algunos casos, aunque los proyectos más complejos podrían tardar más. Además, se fomenta el autoconsumo colectivo, la eólica de autoconsumo, se regula el uso de regadíos para fotovoltaica y se amplía la participación local en los proyectos de renovables. Por último, se amplía la concesión de centrales hidroeléctricas reversibles hasta 50 o 75 años, frente a los 25 años actuales.