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68.443 tarraconenses sin banco en su pueblo

Seis de cada diez pueblos, sin oficina. 34 localidades se han quedado sin ella desde 2008. Se han doblado los tarraconenses sin acceso. Tarragona, tercera provincia de España con más oligopolio

Raúl Cosano

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Una sucursal bancaria cerrada en Tarragona. Foto: Pere Ferré

Una sucursal bancaria cerrada en Tarragona. Foto: Pere Ferré

Se ha convertido en un sobresalto habitual. Usted acude a sacar dinero en efectivo al banco de siempre, el de toda la vida, y de repente se topa con los ventanales empapelados, un anuncio de ‘se alquila’ y un teléfono de contacto. Ahí ya no queda ni cajero. Su sucursal de confianza ha cerrado, como en una espiral de este signo de los tiempos. En otro caso, puede haber ahí una tienda de muebles, un gimnasio o un kebab.

El II Estudio Empleo Postcrisis en la Banca Española, un informe reciente del sindicato Federación FINE, pone estadísticas al desierto bancario provincial: a marzo de 2019, había 68.443 tarraconenses que viven en un municipio sin sucursal financiera. De ellos, 38.773 se han quedaron sin el servicio en la última década, en concreto desde 2008. Por entonces, solo eran 29.670 los ciudadanos de la provincia que estaban en esa situación. Desde aquel momento, la cifra se ha disparado un 130,7%, provocando una afectación intensa en algunas zonas rurales.

Cornudella de Montsant, excluida

Un ejemplo es lo que sucede en Cornudella de Montsant. Hace dos años cerró el único cajero de este pequeño municipio del Priorat. El más cercano está en Les Borges del Camp, a 22 kilómetros. También sufren ese problema poblaciones de la zona como Arbolí o La Morera de Montsant. «La gente ya se ha ido acostumbrando, los comercios se han espabilado, pero es un inconveniente que genera molestias. Hay que desplazarse para poder retirar dinero», reconoce Salvador Salvadó, alcalde de Cornudella de Montsant.

El máximo representante municipal confirma los contactos con la Diputació de Tarragona para que el pueblo recupere el cajero: «Para nosotros sería muy importante volver a tener, porque esta situación no es positiva, sobre todo para las personas mayores. Estamos en conversaciones para instalar uno en dependencias municipales. El coste se repartiría entre la Diputació, el Ayuntamiento y BASE –el organismo autónomo de gestión de ingresos–». Ya la Diputació salió al rescate instalando cajeros en 12 municipios que se habían quedado sin.

El 8,6% de los tarraconenses no tienen acceso a un bancario en su localidad. Y más cifras para ilustrar esta exclusión financiera al alza, que aún no se ha detenido. No hay banco en 108 de los 184 municipios de la provincia, el 58,7% del total, casi seis de cada diez. Ese indicador de núcleos desprovistos de oficina también se ha disparado: de los 74 de 2008 a los 108 actuales, un 45,9% más. Así, 34 poblaciones se han quedado sin banco en diez años y tienen complicado recuperar el servicio.

Los mayores son los principales perjudicados. En los pueblos de la provincia sin oficina, más del 20% de la población tiene más de 65 años, según el informe de FINE. El porcentaje es inferior en aquellos núcleos que sí tienen banco, con lo que se concluye que el cierre de oficinas está repercutiendo en el modo de vida sobre todo de las personas más mayores.

Pero no solo los pueblos sufren. El propio balance de sucursales es contundente y afecta también a las ciudades, dejando huérfanas a grandes áreas. En la provincia se han cerrado 443 oficinas en una década: de las 837 que había en 2008, cuando se llegó al máximo histórico, justo antes del brutal estallido de la burbuja, a las 394 de 2018, según los últimos datos del Banco de España. Así, Tarragona ha perdido el 53% de las sucursales que tenía y es una de las provincias de España más afectadas. Eso arroja otra media esclarecedora: cada ocho días se ha cerrado una oficina en las comarcas tarraconenses.

Desertización y oligopolio en Tarragona

El análisis de la Federación FINE concluye que los bancos «cierran oficinas para poder despedir empleados de manera masiva, generando una auténtica desertización financiera sobre todo en los núcleos rurales y contribuyendo, por tanto, a la España vaciada».

El presidente de Federación FINE, Luis José Rodríguez Alfayate, subraya que «el proceso de concentración bancaria con el único objetivo de aumentar rentabilidad a costa de despedir trabajadores está generando una auténtica desertización bancaria, primer paso de la exclusión financiera».

«La banca está utilizando el cierre de oficinas para justificar el despido de personal. Cuatro de cada diez oficinas que se cerraron en la UE lo hicieron en España. Estos cierres masivos de oficinas están teniendo consecuencias muy perjudiciales para la clientela de las entidades, pero también tremendas desde el punto de vista sociológico», apunta Rodríguez Alfayate, crítico con la deriva actual. «La industria bancaria no sólo no ha mejorado el servicio a la clientela, sino que, en muchos casos, la ha condenado a la exclusión financiera cerrando las oficinas de esos pueblos de la ‘España vaciada’ porque no mantenían la rentabilidad previa a la crisis», zanja el presidente de FINE. La entidad señala que la mayoría de la población española (un 64%) no es usuaria de banca digital.

El informe de la Federación FINE es contundente en la denuncia de otra de las consecuencias de las fusiones de entidades y las desapariciones masivas de sucursales: «El Banco de España debería ocuparse de que los bancos que sobrevivieron a la reconversión no se constituyan en un oligopolio». El estudio coloca a Tarragona como la tercera provincia con más incidencia de oligopolio. Los cinco principales bancos concentran alrededor de un 90% de cuota de mercado. Tarragona está solo por detrás de Girona y de Lleida. «Los damnificados de estos elevados niveles de concentración bancaria por pérdida de competitividad son los clientes del sistema bancario y, naturalmente, el empleo adicional que se destruye. Y estos impactos afectan principalmente a nivel local», sostiene el informe, que añade: «En 10 provincias la situación es claramente oligopolística con cifras que en la UE están reservadas a estados miembro como Grecia, Estonia, Lituania o Chipre». 

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