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Abertis ha elevado a 1.621 millones el importe que reclama al Estado en el marco del contencioso que tiene abierto desde 2015 en el Tribunal Supremo por los derechos de cobro de peaje en un tramo de la autopista AP-7 en Catalunya.
El monto de la reclamación ha crecido así un 8,5% sólo en la primera mitad de este año, desde los 1.494 millones en que se estimaba a cierre de 2016, según detalla la compañía en el informe de sus cuentas semestrales, en el que además revela su intención de reforzar la batalla judicial por este importe.
El recrudecimiento de este contencioso tendrá lugar mientras la compañía de autopistas y satélites está pendiente de una eventual guerra de opas por su control: a la oferta planteada por la italiana Atlantia podría surgir una competidora de ACS, tras desistir Aena de pujar también por la empresa. De hecho, este litigio que Abertis tiene con la Administración pudo constituir uno de los factores por los que Enaire, compañía pública a través de la que el Estado controla el 51% de Aena, se opuso a que el operador de aeropuertos pujara por la compañía de autopistas y satélites.
El contencioso está en el Supremo después de que el TSJCM diera la razón a la empresaEn la actualidad, el contencioso entre Abertis y el Estado está pendiente del Tribunal Supremo, después de que el pasado mes de marzo el Tribunal Superior de Justicia de Madrid se pronunciara a favor de la empresa.
El litigio tiene su origen en un acuerdo que Fomento y Abertis firmaron en 2006, aprobado por Real Decreto en Consejo de Ministros. En virtud del pacto, la empresa se comprometía a ampliar y mejorar un tramo de la AP-7 y bajar los peajes de la vía, mientras que, de su lado, el Estado asumía el riesgo de que el tráfico de la autopista no alcanzara determinados niveles.
En 2011 el Ministerio comenzó a plantear dudas sobre la interpretación del acuerdo de 2006, en particular a lo referido a las compensaciones por menor tráfico.
En 2015, y ante la falta de acuerdo en su negociación con Fomento, Abertis elevó el caso al Tribunal Superior de Justicia de Madrid, que ya pronunció el referido fallo favorable, y al Tribunal Supremo.
