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Agricultores sin margen

Los productores denuncian una falta de transparencia en la cadena de valor alimentaria que hace invisible su crisis de precios

Rafael Servent

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Agricultores sin margen

Agricultores sin margen

Producir un kilo de melocotones en la Terra Alta puede tener un coste para el agricultor de unos 25 céntimos de euro. Las grandes distribuidoras y mayoristas lo pagaron el año pasado a entre 18 y 20 céntimos, tras cargarle al productor los costes de manipulación (ponerlos en cajas, añadir etiquetas) y de transporte hasta sus instalaciones. El precio de venta al público de ese kilo de melocotones se sitúa en las tiendas entre los 1,30 euros y los 1,50 euros. Es decir, 7,5 veces lo que ha percibido ese productor, que además ha vendido por debajo de coste.

Este caso extremo es el ejemplo que pone Xavier Vela, presidente de la organización Joves Agricultors i Ramaders de Catalunya (JARC) para explicar el estallido reivindicativo del mundo agrícola que, desde hace más de una semana, se ha agrupado bajo el lema ‘Agricultores al límite’. Su organización está vinculada a COAG, uno de los sindicatos agrarios que esta semana se reunieron con el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación para tratar de buscar una salida a los bajos precios percibidos por los productores de frutas y hortalizas.
«En determinados productos -relata Xavier Vela, de JARC-, desde las naranjas hasta el arroz, hay hasta un 700% o un 800% de diferencia entre lo que paga el consumidor cuando va a la tienda y lo que percibe el agricultor. Nosotros decimos basta a este desequilibrio entre producción y comercialización».

El Ministerio de Agricultura se mostró esta semana receptivo a las reivindicaciones

Una de las propuestas planteadas desde las organizaciones de agricultores es la de añadir a la etiqueta del precio de venta al público una segunda cifra en la que se indique el precio percibido por el productor, para que de esta manera los consumidores puedan comparar, a igual producto y calidad, qué trato reciben estos agricultores según el establecimiento en el que se comercialicen. Cuentan que el actual titular del Ministerio de Agricultura, Luis Planas, ve con buenos ojos esta opción.

«No se trata de pactar precios ni de establecer un precio mínimo -asegura Xavier Vela-, tampoco de subirle el precio al consumidor, sino de que la gente entienda qué es el producto de proximidad y que el consumidor pueda comprar aquello que crea conveniente. Y solo podrá hacerlo adecuadamente cuando tenga toda la información para decidir qué quiere comprar y qué no».

«Hay que decir basta a este desequilibrio entre producción y comercialización» Xavier Vela, JARC

Ramon Sarroca, presidente de la Federació de Cooperatives Agràries de Catalunya (FCAC), apoya esta postura: «Es cierto que estamos en un mercado libre, y a las cooperativas nunca nos oirán defender un precio garantizado o un precio mínimo, pero sí reclamar que dentro de la cadena de valor haya una transparencia total».

«Hay un productor al principio -prosigue Sarroca- y un consumidor al final. En medio, una serie de márgenes que tendrían que ser lo máximo de transparentes posible. Hoy, esos márgenes en la cadena de valor son muy difíciles de identificar. En otros países como Francia, sin embargo, eso es posible».

Trazabilidad de precios
Fernando Móner, presidente de la Confederación de Consumidores y Usuarios (CECU), que esta semana reclamó un lugar en la ronda de contactos que mantiene el Gobierno con productores y agentes de la gran distribución, discrepa de la eficacia de una medida como esta: «El precio que se paga a los agricultores nos preocupa como consumidores, pero el precio de origen, de forma aislada, no te dice nada. ¿Cómo puede saber el consumidor si esos 0,30 céntimos de euro que percibe el productor son justos o injustos? Conoceremos los márgenes de uno, pero no de otro».

La propuesta estrella es que en el precio de venta al público figure también lo que cobró el productor

«Por eso -prosigue Móner-, lo que se tiene que poner en marcha son herramientas que fijen la transparencia, que nos expliquen por qué estamos pagando 1,80 euros el kilo por un determinado producto mediante una trazabilidad completa. Ahí es donde verdaderamente podremos ver quién está dando problemas. ¿Son los Mercas? [Mercabarna, Mercamadrid, Mercavalencia...] ¿Es la restauración? ¿La gran distribución? ¿Los comercios locales?».

«Hay un interés en aclarar todo esto, pero no puede haber una obligación», asegura Móner en alusión a cualquier pretensión de que los agentes de la cadena de valor detallen cuáles son sus márgenes de beneficio en un contexto de libre mercado y sin que ninguna ley pueda obligar hoy a comunicarlo.

«El propio sector productor es el que debe hacer un trabajo de promoción y comunicación en los entornos urbanos» Ramon Sarroca FCAC

«No se trata tanto de los márgenes de beneficio sino de la estructura de precios», añade. Su propuesta es bastir herramientas como los observatorios de precios, a partir de las cuales los consumidores puedan tomar esas decisiones informadas. Pero, en su opinión, en ningún caso alterar el etiquetado del precio de venta al público: «En el etiquetado tiene que ir el precio final; no podemos marear más al consumidor, no podemos ponerle en la etiqueta más información de precios».

Otra cosa, en su opinión, es apostar por las certificaciones de calidad, como las IGP o las DO. «Lo que tiene que hacer el consumidor -asegura Móner- es lo que puede hacer: consumir lo más local posible, con productos de temporada. Y después, darle más información y decirle a través de un observatorio de precios si ese porcentaje de cada uno es justo o no es justo. Pero eso es algo que llegará más a largo plazo».
Precisamente ese es uno de los recelos que tienen los productores hoy. Crear observatorios, comisiones de estudio y mesas de debate suele ser, en muchos casos, la fórmula más directa para dejar empantanado un problema. En este caso, recurrente y con episodios de tensión cíclicos como los que vivimos hoy.

«Se deben poner en marcha herramientas de transparencia en la estructura de precios» Fernando Móner, CECU

«El embrión [de esta última crisis] nace -relata Ramon Sarroca, presidente de la FCAC- con la fruta dulce de hueso [los melocotones con los que ejemplificaba la crisis de precios Xavier Vela, de JARC], y generalmente se plasma en un problema de precios. No hay un equilibrio entre la oferta y la demanda [se produce mucho más de lo que pide el mercado], y lo que podría ser una consecuencia anual que distorsiona el mercado de forma puntual se convierte en algo estructural».

«A partir de aquí -prosigue-, se pueden hacer ofertas para atraer al consumidor final, pero no es una situación que puedas dominar, porque estamos hablando de unos productos perecederos que se concentran en una estacionalidad».

Dicho lo cual, «al final, la fuerte presión de la gran distribución, cada vez concentrada en menos manos, hace su efecto; porque si quieres vender tu producto, aunque hagas una apuesta por la proximidad, has de ir a morir a la gran distribución». Un segmento de la cadena de valor al que esta misma semana el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, señaló como el principal responsable de la situación, al asegurar que «es evidente que las grandes distribuidoras tienen que hacer autocrítica».

«Estamos viendo cómo una serie de gente concentra en muy pocas manos una gran capacidad de compra» Joan Caball, Unió de Pagesos

En un comunicado, organizaciones empresariales como Anged (Asociación Nacional de Grandes Empresas de Distribución) proclamaban su «compromiso a colaborar con el Ministerio de Agricultura y el resto de eslabones que componen la cadena de valor, en la búsqueda de soluciones que ayuden a mejorar la situación del sector agroalimentario y la producción española», a la vez que aseguraban que «el margen neto de las empresas del sector oscila entre el 2% y el 2,5%».

Con esas cifras en mano, ¿dónde sucede esa multiplicación de precios? Ahí es donde tanto productores como consumidores exigen introducir medidas de transparencia y trazabilidad máximas con una modificación de la Ley 12/2013 de medidas para mejorar el funcionamiento de la cadena alimentaria.

El sector de la gran distribución asegura que sus márgenes son apenas del 2% o 2,5%

Pero no solo Joan Caball, coordinador nacional de la organización Unió de Pagesos, insiste en que «estamos viendo cómo una serie de gente concentra en muy pocas manos una gran capacidad de compra», en alusión a las grandes empresas de distribución. «Y, al final -prosigue-, el resultado es el que nos estamos encontrando ahora».

Caball muestra esperanzas en «la propuesta de una Llei Catalana de la Cadena Alimentària que regule todos estos apartados y establezca sanciones efectivas», emulando lo que sucede «en Francia, donde las cadenas de distribución han de ser transparentes acerca de a qué precio compran y venden, y ahí puede verse quién es un timador y quién no. Nadie niega a las grandes superficies que tengan ganancias, pero si aquí hay uno -asegura en referencia a los productores- que no tiene una ganancia razonable, acabará cerrando».

Apelar al consumidor
En el otro extremo de la cadena de valor, los consumidores son vistos como el gran aliado por parte de los productores. Consumidores informados -gracias a la implantación de medidas de transparencia como las que se reclaman- que puedan ejercer un consumo responsable. Aunque el acceso a la información no lo es todo, y los propios productores admiten que con la posibilidad de acceder a la información no basta.

«Es un tema cultural», explica Ramon Sarroca, de la FCAC. «Si bien es cierto que el consumidor cada vez está más predispuesto a la información -prosigue-, también lo es que partimos de un punto muy por debajo del que tienen otros países como Francia o Italia, que siempre han tenido un comportamiento muy de consumir lo suyo. Eso se debe, entre otras cosas, a que como país no han oído otra cosa durante todos estos años: ‘mientras haya de lo nuestro, consumamos lo nuestro’. Por eso no solo hay que hacer una política agraria, sino un trabajo del propio sector en informar y comunicar».

Para conseguir movilizar a esos consumidores, «la comunicación -resume- es básica: que la gente de los entornos urbanos sepa lo que se mueve en el entorno rural, y eso es promoción y comunicación de DOPs, IGPs... Y, detrás de eso, ser prescriptores del territorio».

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