Alivio temporal para el tejido empresarial

La aplicación de ciertas medidas en materia societaria, administrativa y de avales y ayudas públicas se ha extendido

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Belen Buisan, Asociada Senior de J&A Garrigues, S.L.P.

Belen Buisan, Asociada Senior de J&A Garrigues, S.L.P.

El Real Decreto-ley 27/2021, de 23 de noviembre, por el que se prorrogan determinadas medidas económicas para apoyar la recuperación, extiende hasta el 2022 la aplicación de ciertas medidas en materia societaria, concursal, administrativa y de avales y ayudas públicas, con la finalidad de proporcionar un marco de seguridad jurídica que otorgue estabilidad económica y apoye a las empresas en la actual fase de recuperación de la pandemia, evitando la destrucción del tejido empresarial.

En materia societaria, modifica el artículo 13 de la Ley 3/2020, de 18 de septiembre, de medidas procesales y organizativas para hacer frente a la Covid-19 en el ámbito de la Administración de Justicia, extendiendo la exclusión de las pérdidas económicas de las sociedades de capital españolas a los efectos del cómputo de la causa legal de disolución empresarial del artículo 363.1.e) de la Ley de Sociedades de Capital hasta el cierre del ejercicio del año 2022 y aprobando la solicitud efectuada por el Consejo General de Economistas habida cuenta de la situación económica del año 2021.

La redacción anterior excluía la consideración de las pérdidas del ejercicio social 2020, mientras que, con esta nueva redacción, no se tendrán en cuenta tampoco las pérdidas económicas del ejercicio social 2021, a efectos de determinar la concurrencia de la causa de disolución del artículo 363.1.e) de la citada Ley de Sociedades de Capital.

De acuerdo con lo anterior, si en el resultado del ejercicio social 2022 de una sociedad se aprecian pérdidas que dejen reducido el patrimonio neto a una cantidad inferior a la mitad del capital social, y siempre que no sea procedente solicitar la declaración de concurso, deberá convocarse por los administradores (o podrá solicitarse por cualquier socio), en el plazo de dos meses a contar desde el cierre del ejercicio social 2022, la celebración de una junta general de socios para proceder a la disolución de la sociedad en cuestión, a no ser que el capital social se aumente o reduzca en la medida suficiente, o se solvente la situación de desequilibrio patrimonial de otra manera, por ejemplo, mediante una operación acordeón, aportaciones dinerarias o no dinerarias de los socios a la sociedad en cuestión, o mediante la concesión a la sociedad de un préstamo participativo.

Belen Buisan, asociada Senior de J&A Garrigues, S.L.P.

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