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El Gobierno llevará a cabo una avalancha de oposiciones en los próximos meses para convertir en fijas las 300.000 plazas de empleo público que en la actualidad están ocupadas por interinos pero que consideran que tienen carácter estructural. Es la primera vez que desde Moncloa ponen cifras a cuántos empleados públicos temporales ocupan un puesto que debe ser estable: la mitad de esos empleos eventuales tienen que ser indefinidos, puesto que hay poco más de 600.000 interinos, según datos ofrecidos por el ministro de Política Territorial y Función Pública, Miquel Iceta.
El objetivo es que estos trabajadores eventuales se conviertan en personal fijo de las Administraciones Públicas como tarde a final de 2024. Miquel Iceta anunció que llevarán a cabo un «proceso de estabilización» que culminará los que ya se iniciaron en 2017 y 2018 y que será el «más ambicioso» de los que se han realizado. Además, las deberán convocar este mismo año, ya que, con objeto de evitar más retrasos, el Ejecutivo se ha comprometido con Bruselas en el plan de recuperación que «los procesos de estabilización deban producirse en todo caso antes del 31 de diciembre de 2021 y que la ejecución deba finalizar antes del 31 de diciembre de 2024». Por tanto, el Gobierno tendrá que convocar en 2021 un número aún indeterminado de plazas para estabilizar esos 300.000 empleos. No tienen por qué ser 300.000, puesto que muchas ya se pueden haber convocado en los años anteriores. En el plan cifraron en 154.000 las plazas ya convocadas pero solo 56.000 ejecutadas.
Sin embargo, podrán presentarse a estos puestos no solo los interinos, sino todos aquellos que lo deseen y cumplan los requisitos. Así, cualquiera podrá optar a ellas, porque la ley recoge que el acceso se realizará mediante concurso y oposición respetando los principios de igualdad, mérito y capacidad. No obstante, lo que sí puede hacer es flexibilizar la fase de oposición para que la mayoría de ellos logren pasar a la fase de concurso y, en esta, premiar la antigüedad, experiencia y los méritos para que esos interinos que llevan muchos años en su puesto puedan acreditar muchos puntos y conseguir más fácil su plaza.
Para ello, los sindicatos esperan que el ministerio les convoque próximamente a negociar cómo se hará este proceso. Desde CCOO exigen que se haga bajo dos premisas: «seguridad jurídica», para que los tribunales no puedan tumbar los procesos, pero a la vez con «eficacia», lo que quiere decir que sirvan para consolidar a los eventuales y a los interinos en su plaza, siempre con respeto a los principios legales, según precisa Francisco García, secretario general de la Federación de Enseñanza. Desde CSIF reclaman una solución que aporte seguridad jurídica al proceso de estabilización, que se lleven a cabo sanciones a las administraciones que hagan uso de plazas interinas de manera fraudulenta y que se repare a las personas que llevan años en esta situación en abuso de ley tal y como han establecido los tribunales de la UE.
