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El colectivo 'Economistes pel benestar', integrado por los economistas Albert Carreras, Joan B. Casas, Júlia Montserrat, Daniel Quer, Francesc Raventós y Josep Reyner, ha elaborado un estudio para dar respuesta a cómo mejorar la calidad de vida de la ciudadanía de Catalunya. Este estudio, que según sus autores no tiene ninguna connotación política, tiene como objetivo generar un debate para encarrilar una distribución de los recursos más racional.
El informe constata que el empeoramiento de los servicios públicos, a pesar del esfuerzo de los profesionales, es motivo de preocupación y quejas de muchos ciudadanos. Apuntan a largas listas de espera para operaciones quirúrgicas, falta de vivienda asequible, pocas guarderías gratuitas, enseñanza de primaria y secundaria mejorable, unos servicios sociales lejos de lo que se necesita o constantes incidencias en los trenes de Cercanías.
Según el colectivo, los ciudadanos de Catalunya tienen razones para sentirse insatisfechos y preocupados por las profundas diferencias en el sistema de distribución de los recursos públicos, que, como consecuencia de la situación en que quedarán las cuentas públicas en la etapa post Covid, se corre el riesgo de que aún se agraven más.
Según el estudio, Catalunya genera los recursos para afrontar estos problemas pero no los puede utilizar. El Govern de Catalunya es la comunidad que dispone de menos recursos en términos reales por habitante, pese a aportar un 20% de recaudación tributaria por encima de la media española, sin perjuicio de la especial situación de Madrid.
La diferencia entre los impuestos que los catalanes pagan al Estado y el gasto que el Gobierno central hace en Catalunya, incluidas las pensiones y los intereses de la deuda española, se ha situado históricamente en torno a los 16.000 millones de euros (el 8% de su PIB).
En opinión de estos economistas, la infrafinanciación de los servicios públicos de Catalunya proviene:
1. Del modelo de financiación autonómica.
2. Del bajo nivel de inversión del Gobierno central en Catalunya.
3. Del modelo territorial del Estado que favorece la hípercapitalidad de Madrid.
Los beneficios derivados de la capitalidad de Madrid se estiman en unos 28.000 millones de euros, un 11,7% de su PIB, lo que además le permite practicar un "dumping fiscal" enormemente insolidario, según el análisis de estos expertos. El efecto capitalidad hace que sea la zona más rica del Estado, gracias a la centralización del poder institucional, político, económico, financiero y mediático.
Según el colectivo, esta España tan centralizada está absorbiendo muchas de las potencialidades de las otras comunidades. Los recursos por ciudadano de que dispone la Generalitat son los más bajos de todas las Comunidades, salvo el caso ya comentado de Madrid. Catalunya aporta al sistema de financiación 3.224 euros por habitante, pero es la penúltima, con 2.393 euros, si se tiene en cuenta el nivel de precios.
El País Vasco dispone actualmente de un 85% más de recursos por habitanteSi Catalunya pudiera ingresar y administrar directamente sus ingresos, podría resolver las carencias de los servicios públicos de las que los ciudadanos se quejan. El País Vasco dispone actualmente de un 85% más de recursos por habitante.
El documento profundiza en los servicios públicos más sensibles para los ciudadanos: enseñanza, sanidad, servicios sociales, vivienda, cercanías y pensiones. Según las conclusiones de estos economistas, la infrafinanciación de la Generalitat y la falta de inversiones públicas ha frenado el crecimiento económico de Catalunya.
Para resolver todas las carencias analizadas se necesitarían unos 9.000 millones anuales (1.200 euros por habitante). Según este informe, "sería una cifra asequible si la Generalitat ingresara y gestionara los impuestos que se generan en Catalunya, y aún quedaría margen para ser solidarios con el resto de españoles y para invertir en nuestro progreso".
En resumen: para mejorar la calidad de vida de los catalanes, este colectivo de economistas defiende que "la Generalitat de Catalunya debería de ingresar y gestionar los recursos provenientes de los impuestos que pagan los ciudadanos", para así lograr "servicios públicos de calidad, como los países avanzados de Europa".
