Catalunya y sindicatos de prisiones firman la jubilación anticipada a los 60

 Junts busca apoyos a una enmienda a los PGE para que el Gobierno le dedique una partida   
 

EUROPA PRESS

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Gente de la tercera edad.

Gente de la tercera edad.

La Conselleria de Justicia de la Generalitat de Catalunya y representantes de sindicatos han firmado este jueves un acuerdo para la jubilación anticipada de los funcionarios de prisiones, que sería a los 60 años o a los 59 si acreditan más de 35 años de servicio.

Tras firmar el acuerdo, la consellera Lourdes Ciuró ha explicado en declaraciones a los periodistas que enviarán esta propuesta al Gobierno con "conclusiones que justifican la adopción de esta medida".

"Impulsaremos que se hagan las medidas legislativas en el Congreso de los Diputados para que en 2022 esta jubilación anticipada se pueda implementar", y ha defendido que esto supondría equiparar las condiciones de los funcionarios de prisiones a las de servicios esenciales como bomberos y policías.

En este sentido, ha explicado que Junts presentará en el Senado una enmienda a los Presupuestos Generales del Estado (PGE) para incluir en las cuentas una partida para la jubilación anticipada. Ha contado que este jueves por la mañana Junts está "trabajando para que esta enmienda sea firmada por todos los grupos parlamentarios catalanes con representación en el Congreso" con vistas a que la jubilación anticipada pueda aplicarse el año que viene.

Ciuró ha detallado que los funcionarios de prisiones en Catalunya se adscriben al régimen de la Seguridad Social pero en el resto de España la mayoría están vinculados a una mutua, por lo que ya tienen acceso a la jubilación anticipada, y ha valorado que esto implica "un agravio".

3.700 afectados directamente

La consellera ha defendido que la jubilación anticipada ayudaría afrontar "el reto del envejecimiento de la plantilla" y la gran cantidad de funcionarios de prisiones dedicados a una segunda actividad.

"Es una medida necesaria y justa, que equipara a los cuerpos penitenciarios con el resto de servidores esenciales, y a al vez forma parte del compromiso de esta Conselleria con el reconocimiento, la dignificación, el compromiso y el respeto al trabajo que hacen", y ha explicado que afectaría directamente a 3.700 funcionarios y a unos 1.500 en los próximos 10 años. 

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