Competencia lleva al Supremo su guerra contra Fomento en favor de Uber y Cabify

La guerra provocada en torno a la actividad de las grandes plataformas de economía colaborativa y sus posibles abusos está ya servida, por si todavía quedaba alguna duda. Y en ella la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) se ha posicionado claramente del lado de las primeras frente a la tesis sostenida en público por el Gobierno, que remite al cumplimiento de las leyes actuales.

El último paso dado por el órgano regulador ha sido judicializar este conflicto, llevándolo incluso hasta el Tribunal Supremo, la más alta instancia judicial del país. Y lo ha hecho tras declararse la Audiencia Nacional sin competencias, al dirimirse el presunto choque entre dos normativas dictadas por el Ejecutivo.

De un lado está la Ley de Garantía de la Unidad de Mercado, en vigor desde 2013 pero que acaba de ser corregida en varios puntos importantes por el Tribunal Constitucional, al considerar sus magistrados que invade competencias autonómicas. Por otro aparece el decreto aprobado en 2015 para modificar el reglamento de la Ley de Ordenación de los Transportes Terrestres, en concreto fijando límites al alquiler de vehículos con conductor.

La primera fue obra del Ministerio de Economía, del que depende en última instancia la CNMC. El segundo fue elaborado por el departamento de Fomento y, aunque oficialmente no han mostrado sus diferencias, en privado las posiciones de sus titulares, Luis de Guindos e Iñigo de la Serna, se antojan bastante divergentes -los taxistas lo ven «una pugna de poder»- sobre qué consideración dar a algunas plataformas colaborativas, como Uber y Cabify en el transporte, o Airbnb y HomeAway en las viviendas turísticas, que están compitiendo de tú a tú con los actores regulados de esos sectores.

Fomento anunció que tramitará de forma inmediata una norma antiespeculación 

De hecho, Fomento anunció a finales de junio que tramitará «de forma inmediata» una norma «antiespeculación» para controlar el mercado de las licencias de esos vehículos con conductor, conocidas como VTC. Busca frenar así el ‘mercadeo’ con ellas, impidiendo que las empresas que les amparan puedan venderlas o arrendarlas durante los dos años siguientes a su obtención.

Es su respuesta a las quejas del gremio del taxi, que lleva semanas de protestas de distinto tipo para denunciar lo que ellos consideran competencia desleal por parte de los VTC y sus plataformas, al no cumplirse a su juicio las limitaciones legales que se les impusieron. Asimismo, las asociaciones sectoriales han denunciado a Cabify ante la Fiscalía, al encontrar «indicios suficientes» de que habría podido formar un entramado societario para especular con lotes de licencias VTC y sacar beneficio.

Este polémico asunto, además, ha llegado al Congreso. La Comisión de Fomento aprobó el pasado 28 de junio, sin votos en contra aunque PP y Ciudadanos se abstuvieron, reclamar al Gobierno que adopte nuevas medidas para frenar la aparente especulación con los permisos VTC.

Límites ya superados
Los condicionantes normativos para el alquiler de vehículos con conductor centran el recurso presentado el lunes por la CNMC ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Supremo, al considerarlos tan «innecesarios» como «desproporcionados» y, además, «encubrir razones de naturaleza económica en beneficio» del taxi.

El principal punto que Competencia solicita anular es la limitación de nuevas licencias VTC cuando se supere la relación establecida de una por cada 30 taxis. Sin embargo, ya se triplica en la actualidad con casi 6.000 permisos, cifra que casi puede duplicarse de nuevo en un par de años si los tribunales mantienen su criterio de conceder aquellas autorizaciones (unas 10.000) que la Administración no venía dando desde 2013 al superarse desde entonces la relación 1/30.

Pero la CNMC también quiere que no se obligue a estos vehículos a ser contratados solo vía internet, ni tampoco se les impida captar clientes en la vía pública. Incluso pretende que, a diferencia del taxi, no haya límites territoriales a su actividad.