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La crisis del Banco Popular, que acabó con su venta por un euro al Santander, todavía tiene varias incógnitas por desvelar. Y este lunes la presidenta del Consejo de Supervisión del BCE, Daniéle Nouy, apuntó a una de ellas al considerar que existe "margen" para que la justicia española investigue la retirada de depósitos por parte de ayuntamientos y comunidades autónomas los días previos a la aplicación del mecanismo de resolución de la UE que desencadenó la intervención por si contaron con "información privilegiada".
La responsable de la supervisión del eurobanco dejó claro que esta vía de actuación no le compete. "No está en mi poder. No puedo estar involucrada en esto", aseguró durante su comparecencia en el Parlamento Europeo. Pero inmediatamente dejó claro que en su opinión ese importante interrogante debe ser despejado por los tribunales nacionales o por las "autoridades de mercado".
De hecho, Nouy aclaró que son las instituciones españolas las que deben tomar medidas "si fuese necesario" para saber si se utilizó información privilegiada para ayudar a "ciertas personas a intentar protegerse mejor que los pequeños depositantes".
De esta forma respondió a las preguntas planteadas por el eurodiputado de Podemos Miguel Urban y del PDeCAT Ramón Tremosa sobre las palabras del ministro de Economía, Luis de Guindos, que reconoció la semana pasada que hubo "comunidades autónomas y ayuntamientos que retiraron cantidades fuertes de depósitos" del Popular. Pero también empresas públicas dependientes del Ministerio de Fomento como Adif, Renfe o Aena sacaron fondos de la entidad los días o semanas previas a la venta del banco. Algo que el ministro Iñigo de la Serna ha tratado de relativizar y enmarcarlo en la "operativa financiera normal" de las empresas. Habrá que ver si la sugerencia de Nouy es atendida ahora por el Gobierno con más entusiasmo.
Culpa a la directiva
En cualquier caso, está claro que la fuga de depósitos -hasta 18.000 millones en los días previos a la intervención según fuentes financieras- fue una de las claves que aceleró la puesta en marcha de los mecanismos europeos, porque como admitió el vicepresidente del BCE, Vitor Constancio, para justificar la decisión "el dinero estaba huyendo". El Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria (Frob) cuantificó en 60.347 millones los depósitos que todavía le quedaban al Popular, pero reconoció que el ritmo de retirada de fondos podía ocasionar la quiebra de la entidad.
¿Se podría haber evitado esta situación? Nouy defendió este lunes la actuación de su departamento, que fue el encargado de declarar inviable la entidad financiera y estrenar el nuevo mecanismo de resolución europeo, al recordar que los problemas del Popular venían de lejos. En este sentido, señaló que el banco tuvo que afrontar varias ampliaciones de capital en los últimos años y que las pruebas de estrés efectuadas por la Autoridad Bancaria Europea en 2016 ya mostraron que la entidad "era la tercera peor" en el ejercicio.
Así, recordó que desde entonces el deterioro del capital del banco fue "bastante importante y visible". La economista francesa no dudó en achacar ese empeoramiento a los dirigentes de la compañía encabezados por Emilio Saracho. "A veces un banco tiene que desaparecer porque la directiva no ha tomado las decisiones correctas cuando debía hacerlo", explicó.
Pese a todo, Nouy destacó que la actuación del mecanismo europeo y la posterior venta al Santander evitó que ningún depositante perdiera dinero y "todo el mundo fue protegido", excepto si "los pequeños depositantes o los minoristas tenían acciones". Una medida aplaudida por el presidente del BCE, Mario Draghi, y por organismos como el FMI. Sin embargo, la responsable del Consejo de Supervisión admitió que se presenten "muchísimos litigios" por parte de estos pequeños inversores que han perdido su capital.
