El Banco de España insiste en ayudas a las empresas

El gobernador del Banco de España, Pablo Hernández de Cos, insiste en la necesidad de que el Estado ofrezca apoyo a las empresas tras la tercera ola del coronavirus y sus efectos económicos. De Cos se adentra en el debate de las ayudas públicas, justo cuando el Ministerio de Economía prepara el paquete de 11.000 millones de euros anunciado por el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, pero del que se desconoce si serán inyecciones directas de dinero o bien quitas.

En un seminario en la Universidad Autónoma de Madrid, De Cos insistió ayer en que es necesario este apoyo, que «permitiría aliviar estos problemas de sobreendeudamiento de las empresas que consideremos viables, lo que facilitaría su supervivencia y un comportamiento más expansivo de la inversión y el empleo en la recuperación».

El gobernador considera que existe un verdadero riesgo de que los problemas iniciales de liquidez de las empresas más afectadas por el confinamiento y las restricciones del año pasado «se conviertan en problemas de solvencia». Sobre todo porque esas quiebras llevarían a problemas laborales y económicos, pero también porque «acabarían afectando a la capacidad de resistencia del sector bancario, que podría responder con una restricción crediticia que realimentara los efectos negativos sobre la capacidad de recuperación y sobre el crecimiento económico a medio plazo». Es decir, la crisis sanitaria y económica podría derivar en una crisis financiera como la de hace una década.

Ese nuevo paraguas fiscal evitaría, según De Cos, un deterioro, potencialmente relevante, de la posición patrimonial del sector bancario, lo que resulta crucial para impedir que esta crisis incorpore un elemento financiero adicional que podría hacerla mucho más persistente. «El sector bancario podría, a través de la concesión de crédito a familias y empresas, contribuir a la reactivación de la economía una vez que se supere la pandemia, que, a buen seguro precisará del correcto funcionamiento del canal crediticio», insistió.

Por otra parte, la Comisión Europea despejó ayer la incógnita, y el pacto de estabilidad y crecimiento, y en concreto la obligación a los Estados de converger hacia una deuda pública no superior al 60% y ajustarse a un déficit del 3%, se mantendrá en suspenso dos años más. Plantea por tanto que la barra libre al gasto público deberá seguir en 2022 por la incertidumbre que rodea a las variantes del coronavirus.