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El Banco de España lamenta lo poco que los autónomos y los pequeños empresarios usan los concursos de acreedores personales, debido a su «mal funcionamiento» y a que suelen ser «procedimientos largos, costosos y que casi siempre terminan en la liquidación de las empresas». Pero otra de las razones que esgrime para explicar la precariedad de estos procesos reside en que las deudas de derecho público (con la Administración, sobre todo con Hacienda o la Seguridad Social) no pueden ser exoneradas, lo que provoca que el plan de pagos que sigue a la liquidación sea muy exigente para el pequeño empresario.
El organismo se agarra a la opinión de analistas que han señalado que esta excepcionalidad de la que goza la deuda con el sector público es «cuestionable desde un punto de vista de eficiencia económica»: argumentan que como el Estado es un acreedor diversificado entre todos los contribuyentes, «está en principio mejor situado que el resto de los acreedores para absorber la pérdida asociada a la exoneración» de los cobros pendientes.
El supervisor alega que la abolición de las obligaciones con Hacienda y la Seguridad Social fomentaría el empleo del «mecanismo de segunda oportunidad», que consiste en un plan de pagos de cinco años de duración. Además, considera que el impacto sería «relativamente limitado en las arcas públicas», dado el reducido balance medio con que cuentan los autónomos y las microempresas y, también, la precaria situación financiera a la que llegan a los concursos. Ésta es una recomendación que lanza el Banco de España ante la próxima finalización de la moratoria concursal que estableció el Gobierno y que implica que el deudor no tiene obligación de solicitar el concurso hasta final de este 2020. El regulador considera que, a partir de la finalización de esta excepcionalidad, es necesario tomar medidas para promover la reestructuración de las deudas de empresas insolventes, pero viables a medio plazo, por un lado; y para facilitar la liquidación de empresas inviables, por otro, reduciendo la duración de los procedimientos concursales, lo que ayudaría tanto a evitar la depreciación de los activos como a aumentar las tasas de recuperación de recursos por parte de los acreedores.
Mayor valor social
El Banco de España recupera, asimismo, una propuesta de Olivier Blanchard, antiguo economista jefe del FMI, quien sugiere la puesta en marcha de un mecanismo mediante el cual los acreedores públicos –Hacienda y la Seguridad Social, una vez más–, se involucrarían e incentivarían las reestructuraciones de deuda, aceptando quitas incluso mayores que los acreedores privados, que suelen ser casi siempre entidades financieras. Aunque ello, siempre, bajo ciertas circunstancias. De esta manera, ello se aplicaría especialmente en el caso de empresas cuyo valor social sea mayor que su valor privado, puesto que, en esa circunstancia, su liquidación tendría efectos muy negativos tanto para sus proveedores como para los puestos de trabajo.
Lo que el regulador propone, en esencia, es que en un acuerdo extrajudicial de pagos (un mecanismo preconcursal) puedan negociarse las deudas de derecho público, tal y como recomienda el FMI para la economía española en particular.
El Banco de España considera necesario diseñar mecanismos concursales específicos para microempresas y para autónomos más ágiles y menos costosos que el procedimiento concursal propio de empresas de mayor tamaño.
El organismo advierte de que éste es un «problema estructural» de la economía española: el sistema concursal se utiliza poco por parte de empresas en dificultades financieras, y todavía menos entre las empresas pequeñas o los empresarios individuales, especialmente en comparación con otros países europeos.
