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El Gobierno ahora sí abre la puerta a rebajar sus previsiones de crecimiento de la economía tal y como han hecho ya otros organismos nacionales como el Banco de España e incluso internacionales como el Fondo Monetario Internacional (FMI). Fue la propia vicepresidenta segunda y ministra de Asuntos Económicos, Nadia Calviño, quien admitió durante una entrevista en RNE que hay varios factores que llevarían «más bien a una revisión a la baja».
Hasta ahora Calviño siempre se había mantenido firme en la previsión que hizo el Ejecutivo el pasado octubre de que la economía española crecería un 7% en 2021, pese a que otros organismos fueron corrigiendo sus estimaciones en vista del mal arranque del año y sostuvieron que el PIB alcanzaría como máximo un 6%.
La vicepresidenta se sustenta ahora en los malos datos de empleo en este primer trimestre para pronosticar un empeoramiento del crecimiento de España. Así, avanzó que las cifras de paro de marzo, que se conocerán hoy martes, «no han sido positivas», aunque recalcó que este mes «fue de menos a más» en lo que respecta a las afiliaciones a la Seguridad Social y a la reincorporación de trabajadores en ERTE.
Explicó que marzo pone fin a un trimestre «muy duro» por el impacto de la tercera ola de la covid-19, que se ha dejado sentir mucho más en la economía que la segunda ola, debido también a mayores restricciones a la movilidad. Además, a esto se le suman los efectos del temporal Filomena, que no ayudó al consumo, y los retrasos en la vacunación y en la llegada de los fondos europeos.
Calviño volvió a exhibir sus discrepancias con la nueva vicepresidenta tercera, Yolanda Díaz, en lo que referente a la reforma laboral y, más concretamente, en su calendario. Así, pese a que la ministra de Trabajo ha comenzado a negociar con los agentes sociales los aspectos que tienen que ver con la negociación colectiva, para devolver la prevalencia a los convenios sectoriales al menos en lo que respecta a salarios, no cree que este sea el momento de abordar este tema y dejó claras cuáles son sus prioridades: aprobar la ley de los riders que ya esta consensuada, poner en marcha un plan de choque contra el desempleo juvenil, modernizar y digitalizar el SEPE y modernizar las políticas activas de empleo. «Para mí esto es lo más urgente en este momento y cuando la recuperación esté más encarrilada tenemos que abordar ese conjunto de reformas de más calado trabajando con los agentes sociales», afirmó Calviño, que apostó por «hacer las cosas en el momento adecuado para que contribuyan a la recuperación económica».
La vicepresidenta abrió la puerta a extender el paquete de ayudas por valor de 11.000 millones a nuevos sectores económicos y se mostró dispuesta a que durante el trámite parlamentario se puedan ajustar los parámetros o dar un mayor margen de actuación a las comunidades autónomas.
