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Economía Agricultura

El Gobierno liquida las ventas a pérdidas y las promociones engañosas

La nueva ley obliga a incluir en los contratos agrarios el precio de origen y recoge varias medidas destinadas a fomentar el empleo en el campo

LUCÍA PALACIOS

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Miles de agricultores y ganaderos con sus tractores cortaron ayer la autovía A-4 a la altura de la localidad sevillana de Carmona.
FOTO: VIDAL/EFE

Miles de agricultores y ganaderos con sus tractores cortaron ayer la autovía A-4 a la altura de la localidad sevillana de Carmona.
FOTO: VIDAL/EFE

Las revueltas de los agricultores para exigir unos precios justos han dado su fruto casi un mes después. El Gobierno aprobó ayer un Real Decreto Ley que modifica cuatro puntos de la ley de la cadena alimentaria, entre otras medidas encaminadas a solucionar la crisis del sector. «Hemos escuchado buenos argumentos y hemos dado respuesta a los problemas en un tiempo récord», presumió él titular de Agricultura, Luis Planas.

Para tratar de acabar con los bajos precios que se paga a lo agricultores, la reforma de la cadena alimentaria obliga a cada operador a pagar «un precio igual o superior al coste de producción» del anterior eslabón, con el objetivo de que no se pueda comercializar a un precio inferior a los costes de producción estipulados previamente, así como prohíbe vender por debajo de lo que ha costado producirlo y obtenerlo.

Lo que quiere eliminar el ministro Planas es algo que ocurre en el sector lácteo, cuando en los supermercados se vende la leche a 60 céntimos o menos, algo que no compensa los gastos del productor, según ejemplificó el propio ministro, en clara alusión a las promociones de las grandes cadenas de distribución. «Nunca se podrá vender por debajo de lo que ha costado producirlo u obtenerlo», prometió.

Además, la nueva ley obliga a incluir el coste de producción en los contratos suscritos por agricultores y ganaderos con la industria de la distribución. En este sentido, para garantizar su «objetividad», se recoge una «lista ejemplificativa de elementos» que se deben tener en cuenta para fijar el precio, como semillas, fertilizantes, pesticidas, energía o maquinaria, entre otros índices.

Otra de las medidas aprobadas es limitar las promociones y descuentos que habitualmente realizan las grandes cadenas de distribución y muchos supermercados y para ello prohíbe aquellas campañas que «induzcan a error sobre el precio e imagen de los productos». Así, el Gobierno pone fin a promociones como regalar un litro de aceite de oliva por la compra de dos detergentes, según apuntó el ministro Planas.

Mayores sanciones

La última modificación que se introduce en la ley de 2013 es publicarse aquellas infracciones graves y muy graves a la Ley de Cadena Alimentaria, algo que persigue fines disuasorios pero también punitivos. En este sentido, el Real Decreto considera graves infracciones que antes eran leves (lo que puede conllevar multas de entre 3.001 y 100.000 euros), como no formalizar por escrito los contratos alimentarios, no incluir el precio o realizar modificaciones en el precio.

Aunque el Gobierno por el momento no ha accedido a una rebaja de las cotizaciones sociales, tal y como pedía el sector, el Real Decreto ha aprobado sí recoge varias medidas destinadas a fomentar el empleo en el campo. Así, dará una bonificación para aquellos contratos eventuales que se conviertan en indefinidos dentro del sector agrario. Concretamente, podrán deducirse la cuota empresarial por contingencias comunes, distinguiéndose su cuantía en función del encuadramiento del trabajador y de la modalidad de cotización (mensual o por jornadas reales trabajadas). Además, con el objetivo de combatir la brecha de género, dicha bonificación será mayor en el caso de la conversión de contratos de las trabajadoras agrícolas.

El objetivo de esta medida es tratar de «incentivar que el trabajo en el campo sea más estable y, en la medida de lo posible, combatir la eventualidad y el carácter temporero del trabajo agrario», según explicó el Ministerio de Trabajo en una nota de prensa.

De igual forma, tal y como se había anunciado, el Gobierno aprobó la reducción de 35 a 20 el número de jornadas necesarias para acceder al subsidio por desempleo, así como a la renta agraria a los trabajadores eventuales agrarios residentes en las comunidades autónomas de Andalucía y Extremadura.

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