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Se avecinan cambios en el sistema de pensiones. El Pacto de Toledo continúa trabajando contrarreloj para establecer las directrices que marcarán una reforma que se resiste. El acuerdo está «a punto de llegar», según aseguró ayer en el Congreso el ministro de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, José Luis Escrivá, quien resaltó que se pondrá así punto y final a la incertidumbre que rodea a los jubilados y las prestaciones volverán a revalorizarse con el IPC. Avanzó cuál puede ser otra de las medidas que se tomarán para poner fin al déficit de la Seguridad Social y garantizar su sostenibilidad.
Las pensiones no contributivas pasarán a integrarse en el futuro en el esquema del ingreso mínimo vital (IMV), precisó. Es decir, dejarán de considerarse pensiones como tal, no las pagará la Seguridad Social –con cargo al Presupuesto del Estado– y se absorberán en el IMV recién aprobado. Se trata de una medida que forma parte de una de las recomendaciones que ya tiene prácticamente cerrada el Pacto de Toledo: separar las fuentes de financiación para liberar a la Seguridad Social de todos los gastos que no sean propiamente contributivos.
Esto supondría que el Estado pasaría a financiar unos 23.000 millones que ahora paga el sistema por unas políticas no contributivas, entre las que están las pensiones no contributivas, pero también las políticas activas de empleo, las prestaciones por nacimiento, el complemento por maternidad, y los gastos administrativos, entre otros.
Además, entre los planes del ministro de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones está definir mejor estas ayudas no contributivas para que se diseñen en función no ya del individuo beneficiario, sino del hogar, con lo que se espera abordar mejor las situaciones de vulnerabilidad.
El ministro José Luis Escrivá animó a las comunidades autónomas –que son las que gestionan las pensiones no contributivas, pese a que las financia la Seguridad Social– a utilizar ese dinero que antes empleaban en el ingreso mínimo vital y que ahora asume el Estado a mejorar este tipo de pensiones, que suelen ser muy bajas, ya que la ley les da un margen para complementarlas hasta un 30% más.
«Es una línea en la que hay que seguir avanzando (...). Los pensionistas de rentas más bajas tienden a vivir menos y se benefician menos del sistema y está justificado introducir mas progresividad», explicó.
Lo que también tiene entre manos la comisión parlamentaria del Pacto de Toledo es establecer cuál es la suficiencia de las pensiones y si deben revalorizarse más las pensiones más bajas. Porque los más de 450.000 personas que se benefician de una prestación no contributiva a duras penas llegan a los 400 euros al mes. Así, de media, un pensionista no contributivo de invalidez cobra de media 444 euros al mes, una cuantía que es menor para la de jubilación: 397 euros mensuales, cantidad inferior al mínimo fijado para la renta mínima.
El pasado mes julio se dedicaron 187 millones de euros para el pago de estas nóminas, con lo que el presupuesto anual de esta partida presupuestaria supera los 2.600 millones de euros.
