El SEPE se encargará de ofrecer un itinerario individual a cada parado

El Gobierno está a punto de cerrar un acuerdo con las comunidades autónomas y los agentes sociales para reformar las políticas activas de empleo y renovar la garantía juvenil, tal y como demanda la CEOE. Así lo anunció ayer en el Congreso la ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, que confía en tener el primer borrador para cambiar la ley a finales de mes o principios de abril. «Estamos alcanzando un acuerdo para una nueva generación de políticas activas de empleo, incorporando estas políticas a la era digital para hacerlas eficaces», aseguró.

La que pronto se convertirá en vicepresidenta tercera explicó que será una «reforma profunda» que ofrecerá el derecho a los afectados de «la personalización de los servicios» y a «itinerarios personalizados» para formar a los parados, una promesa de reforma que no es nueva, que ya se aprobó en 2011 y que llevan realizando en los últimos años todos los ministros del ramo sin llegar a cumplirla. Es más, incluso se llegó a contratar a más de 200 asesores para ofrecer itinerarios personalizados, pero luego no hubo presupuesto para continuar.

Díaz precisó que el Sistema Nacional de Empleo, que está formado por el Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE) y los servicios de empleo de las CCAA, garantizará un buen perfilado de las personas que buscan empleo, un itinerario laboral y formativo individualizado, una tutorización individual y un acompañamiento efectivo en la búsqueda de trabajo, en su formación y en las transiciones profesionales, «lo que se conoce como upskilling y reskilling, algo que –remarcó– es clave», porque las «políticas activas de empleo se han hecho casi que por inercia».

Significa esto que los poco más de 8.000 funcionarios del SEPE, un 33% contratado de forma temporal, tendrá que afrontar una carga de trabajo extra cuando ya está desbordado por la avalancha de prestaciones que tiene que gestionar a consecuencia de la pandemia. El organismo público sufre un «problema endémico» de falta de personal, que se ha agudizado en la Covid-19, según denunció en verano el Defensor del Pueblo, que advirtió de la necesidad de aumentar la plantilla de este organismo, ya que su dotación «resulta notablemente insuficiente, no solo para situaciones extraordinarias, como esta pandemia, sino también para el ejercicio ordinario de sus funciones».

La ministra prometió que los servicios de empleo dispondrán de equipos profesionales estables y cualificados, como ya está consignado en los Presupuestos. Esto supone que será necesario poner en marcha una oferta pública de empleo –tal y como reclaman los sindicatos–, pero indicó esto es algo que no puede hacerse de hoy para mañana y requiere de un periodo de tiempo. La ministra quiso lanzar un mensaje de tranquilidad y afirmó que el SEPE está ya «en pleno funcionamiento» después del ciberataque del 9 de marzo que paralizó su actividad casi una semana. Así, aseguró que «ningún ciudadano» va a tener retrasos en su pago, ya que «todo está prácticamente recuperado».