El Tribunal Constitucional (TC) ha anulado el real decreto que establecía una ayuda a los parados de larga duración de 426 euros porque invade competencias autonómicas, pero ello no supone anular el pago, sino dejar la gestión del mismo en manos de los ejecutivos autonómicos.
El alto tribunal da así la razón al Gobierno vasco en su recurso. Fuentes del alto tribunal explicaron que los pagos no se verán afectados, sino solamente las competencias sobre ellos, y los beneficiarios de los mismos mantendrán su derecho al cobro.
El decreto, aprobado por el Consejo de Ministros en diciembre de 2014 tras un acuerdo con empresarios y sindicatos, atribuía al Servicio Estatal de Empleo Público la financiación, gestión y pago de esta ayuda económica, además de la capacidad de reconocer o denegar el derecho de las personas potencialmente beneficiarias de la misma.
El Gobierno vasco lo recurrió por considerar que invadía las competencias autonómicas, dado que, a su criterio, la gestión de esas ayudas debe recaer en el servicio autonómico de empleo, pues las políticas activas de empleo fueron transferidas a Euskadi, en 2010.
El TC considera que la ayuda encaja en el concepto de legislación laboral y su naturaleza es la de una subvención de fomento del empleo y de inserción laboral, algo que es competencia autonómica.