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La UE cuenta para este año con un techo de gasto de 168.690 millones de euros (un 1,5% más que en 2019) y unos pagos comprometidos de 153.570 millones (3,4% más). Y en ese océano presupuestario, las ayudas a otros socios de la UE se antojan una gota, pero apreciable, que supera por poco el 1% de esas cuentas.
Desde las arcas comunitarias se transfieren una media anual de 1.690 millones a esos países que, bien aspiran a formar parte del club comunitario a largo plazo (Albania, Moldavia, Georgia o incluso Ucrania), bien quieren mantener una relación especial con la Unión que implique acuerdos comerciales y de otro tipo (Marruecos, Jordania, Vietnam, Túnez, Argelia, Sudáfrica, Indonesia, Bolivia o Colombia). Pero para recibir esos fondos dichos países deben cumplir una serie de objetivos referentes a: estrategia de desarrollo sostenible, reformas sectoriales, prestación de servicios, consolidación del Estado, y gobernanza democrática. Para evaluar su grado de realización, Bruselas utiliza una serie de indicadores que han sido puestos en entredicho en el último informe del Tribunal de Cuentas Europeo, sobre todo en los pagos en tramos variables (el 44% del total, aunque en algunos países vecinos de la UE alcanzan el 90%). Al menos, un tercio de esos señalizadores se han quedado ya desfasados y «no permiten ya medir objetivamente los resultados», avisan desde el órgano fiscalizador.
Poco rigor
Pero su censura va más allá. Afirman que los datos empleados por la UE para conceder las ayudas «no siempre son lo suficientemente fiables como para tomar decisiones fundadas», esto es, los auditores de las arcas comunitarias no ven el rigor necesario para entregar parte de ese dinero. Más aún, precisamente la falta de «pertinencia» de algunas de las metas que se fijan a los países que reciben dichos fondos europeos hace que «resulte difícil evaluar si han avanzado en la aplicación de las reformas según lo acordado».
Tres de cada cuatro compromisos de apoyo presupuestario (74%) suscritos desde Bruselas con sus socios tienen que ver justamente con reformas sectoriales que, en gran parte de los casos, se centran en cuatro áreas principales: educación, agricultura y desarrollo rural, sanidad y energía.
Las dudas del Tribunal de Cuentas resultan evidentes: «es posible que las decisiones de liberar los pagos» de esas ayudas comunitarias «no siempre hayan estado suficientemente justificadas». Por eso, el responsable del informe, el jefe de auditores Hannu Takkula, advierte que «antes de proceder a ningún desembolso, la Comisión debería prestar mayor atención».
Los miembros del órgano fiscalizador constataron que los indicadores existentes para valorar si los socios de la UE cumplían con las metas comprometidas «eran demasiados» y «no siempre estaban bien diseñados». Asimismo, la mayoría se centraba en acciones a corto plazo y no en resultados a largo plazo, un aspecto que los auditores ven especialmente criticable porque puede llegar a desincentivar a esos países, haciendo que alcancen los objetivos «exclusivamente gracias a la asistencia técnica financiada por la UE» y no por haber aumentado sus propios esfuerzos y actuaciones.
