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Hasta ocho carreteras de la provincia resultaron afectadas indirectamente por el cártel que alteró licitaciones del Ministerio de Fomento entre 2014 y 2018 y que ha sido recientemente desmantelado y multado con 61 millones por la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC). En concreto, se trata de un único contrato involucrado, licitado en 2016 por 16,9 millones y adjudicado por 12,1, que incluía diversas operaciones de conservación y explotación en las siguientes carreteras tarraconenses: A-7; A-27; T-11; N-240; N-340; N-240a, N-340a y N-420a.
La documentación de la CNMC indica que 11 empresas del cártel optaron a ese lote de trabajos aunque, sin embargo, la adjudicataria fue una compañía que no operó en ese entramado. A pesar de eso, Competencia considera que la licitación sí está afectada por esas operaciones ilícitas.
El funcionamiento del cártel se desarrollaba a través de reuniones «para tomar café» donde las empresas que formaban parte establecían periódicamente los criterios de coordinación de las ofertas económicas a presentar en las licitaciones del Ministerio de Fomento para los servicios de conservación de carreteras de la Red de Carreteras del Estado.
El cártel, según relata la CNMC, distribuía las licitaciones en grupos para los que se acordaban unos criterios comunes de presentación de ofertas económicas. El cártel asignaba una ‘bolsa’ de puntos para cada grupo de proyectos que se iban consumiendo por las empresas en función del nivel de descuentos sobre el presupuesto de contratación. Cuando mayores fueran las bajas que presentasen en sus respectivas ofertas económicas, más puntos se gastaban, aplicando una fórmula específicamente diseñada por el cártel para cada grupo de contratos. La CNMC indica que «se limitaba el número de contratos en los que las empresas presentaban descuentos altos en cada grupo de licitaciones, ya que el número de puntos de la bolsa nunca era suficiente como para tratar de conseguir todos los contratos de cada grupo». Este sistema incentivaba a cada firma de la red a concentrar sus posibilidades de adjudicación en un número limitado de licitaciones, presentando, en las restantes, ofertas con escasas o nulas posibilidades de adjudicación, convirtiéndose así en propuestas de cobertura.
Las empresas acordaban también el umbral de descuentos para esas ofertas de cobertura y se comprometían a presentar ofertas en todas las licitaciones de cada grupo. Así se alteraba el umbral de anormalidad (calculado sobre la base de las ofertas presentadas en cada licitación) y lograban que ofertas de empresas ajenas al cártel realmente competitivas quedaran excluidas del proceso.
El sofisticado sistema hilvanado se adaptó a los sucesivos cambios en los pliegos de contratación introducidos por la administración. «La mecánica empleada por el cártel resultaba particularmente compleja», expone la CNMC, que detectó ya conversaciones desde 2009.
Las empresas participantes se adjudicaron 71 licitaciones de un total de 101 que sacó el Ministerio de Fomento relacionadas con la prestación de servicios de conservación y explotación de la Red de Carreteras del Estado.
Las empresas sancionadas son Acciona Mantenimiento (y su matriz Acciona), Aceinsa, Alvac, API Movilidad (ACS, propiedad de Florentino Pérez, presidente del Real Madrid), Audeca (Elecnor), Copasa, Elsamex, Elsan (OHL), Ferroser (Ferrovial), Innovia (Copcisa), Matinsa (FCC), y Sacyr Conservación (Sacyr).
La madrileña Aceinsa ha visto su multa reducida en un 50% al aportar pruebas de lo sucedido.
En 2019, la CNMC ya desmontó un cártel de empresas que amañó contratos millonarios de Adif, 17 de ellos en la provincia.
