El diálogo social queda enquistado y aboca el SMI a la congelación

El diálogo social se ha enquistado en la recta final del año. Si el Gobierno de coalición empezó con buen pie y en sus primeros días de legislatura logró un pacto para elevar el salario mínimo interprofesional (SMI) hasta los 950 euros al mes, 2020 cerrará sin acuerdo para una nueva subida. Así, salvo sorpresa de última hora, el SMI comenzará enero congelado. El Ejecutivo ni siquiera hizo una última intentona y no convocó a los agentes sociales ayer –tal y como había previsto– para tratar de lograr un acuerdo y aprobarlo en el Consejo de Ministros de hoy.

Los empresarios se niegan rotundamente a un aumento en plena pandemia, mientras que los sindicatos alentan un alza que lo acerque al compromiso de llegar a final de legislatura al 60% del salario medio. Hay además discrepancias dentro del propio Ejecutivo. Los miembros de Unidas Podemos, con Yolanda Díaz a la cabeza, defienden una nueva subida. Todo indica que se ha impuesto la tesis de Nadia Calviño, que prefiere postergar esta subida para más adelante, cuando la recuperación coja fuerza. La vicepresidenta apuntó que mayo puede ser un «punto de referencia».

Los sindicatos, sin embargo, no tiran la toalla y continuarán peleando por aprobar cuanto antes una nueva subida, tal y como han hecho la mayoría de países europeos, y que ésta se aplique con efecto retroactivo. La patronal sigue cerrada en banda. Cepyme difundió ayer un estudio que advierte de que elevarlo a 1.000 euros destruiría entre 85.000 y 135.000 empleos en dos años.

Entre el Gobierno y los agentes sociales, las relaciones se han tensado después de que lograron seis acuerdos este año. Hasta tal punto, que los sindicatos se plantean llevar a cabo movilizaciones en febrero. «Debemos evitar que usen la coartada de la crisis para embalsamar el calendario comprometido», manifestaron.

Hay muchos temas paralizados. La norma que regulará a los riders sigue sin ver la luz y las negociaciones están atascadas. Aún más lejos de cumplirse está la promesa de derogar la reforma laboral, a la que incluso este mismo año, en pleno brote pandémico, incluyeron dentro de los planes del Ministerio de Trabajo para este segundo semestre. No ha sido así y ni siquiera han comenzado las negociaciones. Es más, el propio presidente Pedro Sánchez enfrió este compromiso al condicionarlo a otro acuerdo con los agentes sociales, algo que se antoja casi imposible.

Lo que sí se ha llevado ya a la mesa es la futura reforma del sistema de pensiones, un tema que también ha generado malestar, tanto por las formas como por el fondo.

Así, la semana pasada el Gobierno presentó a sindicatos y patronal el primer paquete de medidas, y exige un acuerdo rápido ya que quiere aprobarlo con carácter inmediato para presentarlo también a Bruselas. No será fácil, ya que recoge cuestiones tan espinosas como la nueva fórmula de revalorización, el fin de las jubilaciones forzosas y parciales, y el endurecimiento de la jubilación anticipada, entre otras.