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La factura eléctrica se ha encarecido un 3,2 % en los primeros 25 días de diciembre, lo que sitúa el recibo en 81,87 euros, 10,05 euros por encima de la factura de agosto, según denunció ayer Facua-Consumidores en Acción. La organización lamenta que el Gobierno «siga plegado a las eléctricas y no actúe en defensa de los intereses de los usuarios». La asociación denuncia en una nota que este está siendo otro invierno especialmente duro para las familias con menos recursos económicos, «que un año más se están privando del uso de la calefacción o sufriendo cortes por su falta de capacidad de pago, dada la ausencia de medidas efectivas por parte del Ministerio de Energía para paliar la pobreza energética».
Facua ha lamentado que el nuevo bono social puesto en marcha por el Ejecutivo «es aún peor» que el anterior, dado que pueden acogerse a él menos familias y representa descuentos muy inferiores. En cuanto a la evolución tarifaria, la asociación advierte de que con diciembre serán siete los meses en los que habrá subido el recibo en el 2017, frente a dos en los que no hubo prácticamente variación y tres en los que se produjeron bajadas.
Las subidas
En noviembre la subida para el usuario medio fue del 2,7 %, en octubre el 7,2% y en septiembre del 0,4%, después de que en agosto quedase congelado. En julio bajó el 0,8%, en junio subió un 1,2% y en mayo otro 0,8%, después de que en abril no hubiese prácticamente variación mensual, mientras que en marzo se produjo una bajada del 6,8% y en febrero otra del 13,3% y en enero subió un 9,4%.
Pasividad
La asociación de consumidores critica la «pasividad» del Gobierno ante la «injustificada» carestía del recibo de la luz que sufren los usuarios, víctimas de un oligopolio que en lugar de competir, especula con las tarifas. Facua ha insistido en reclamar la bajada del IVA de la electricidad y la intervención del sector, para sea el Ejecutivo el que fije periódicamente una tarifa asequible.
El bono, a cargo del Estado
Por su parte, el Consejo Económico y Social (CES) considera que el bono social eléctrico debería ser financiado con cargo a los Presupuestos Generales del Estado (PGE), en lugar de ser asumido por el conjunto de las comercializadoras eléctricas. En un informe sobre el sector eléctrico en España, el CES, el principal organismo consultivo del Gobierno en materia socioeconómica y laboral, señala que la energía eléctrica es un bien de «primera necesidad», por lo que el Estado debería garantizar su acceso a ella a todos los ciudadanos, «sufragando su coste a los hogares más vulnerables, en lugar de depositar la responsabilidad en las empresas comercializadoras».
El pasado octubre, el Gobierno aprobó el nuevo modelo de bono social eléctrico, estableciendo la obligación a las empresas comercializadoras (o sus matrices, en el caso de grupos empresariales) de financiarlo, en función de su cuota de clientes, y manteniendo así el sistema por el cual el coste del bono social es asumido por estas compañías como un servicio de interés general, sin cargarlo sobre los consumidores o los PGE.
