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Florentino Pérez no podrá presentarse a licitaciones de concursos públicos

API Movilidad, empresa del presidente del Real Madrid, es una de las doce que han sido multadas en total con 61 millones de euros por repartirse los contratos

CLARA ALBA

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El presidente del Real Madrid, Floren-tino Pérez, es también presi-dente de ACS, propietaria de API Movilidad, una de las em-presas multa-das. En la foto, Florentino y Thibaut Cour-tois tras anun-ciar que el portero había renovado. 
foto: efe

El presidente del Real Madrid, Floren-tino Pérez, es también presi-dente de ACS, propietaria de API Movilidad, una de las em-presas multa-das. En la foto, Florentino y Thibaut Cour-tois tras anun-ciar que el portero había renovado. 
foto: efe

Quedaban para tomar café y se repartían la adjudicación de contratos del Ministerio de Fomento. La Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) ha denunciado las malas prácticas detectadas entre 12 constructoras españolas a las que ha impuesto una multa de 61,28 millones de euros en total por una infracción constitutiva de cártel.

En concreto, acusa a estas compañías, entre las que se incluyen gigantes del sector, de alterar el resultado de las licitaciones para la conservación y explotación de carreteras del ministerio desde 2014 hasta 2018, aunque se han detectado conversaciones desde 2009.

Las empresas sancionadas son Acciona Mantenimiento (y su matriz Acciona), Aceinsa, Alvac, API Movilidad (ACS, propiedad de Florentino Pérez, presidente del Real Madrid), Audeca (Elecnor), Copasa, Elsamex, Elsan (OHL), Ferroser (Ferrovial), Innovia (Copcisa), Matinsa (FCC), y Sacyr Conservación (Sacyr).

La madrileña Aceinsa ha visto su multa reducida en un 50% al aportar pruebas de lo sucedido a la investigación que refleja cómo, bajo un complejo sistema, estas empresas se adjudicaron 71 contratos de un total de 101 por valor de 530 millones de euros. Es decir, coparon el 63% del importe adjudicado por el ministerio, dando cuenta del impacto del cártel en el sistema.

En un contundente comunicado, la CNMC ha detallado la fórmula que empleaban para llevar a cabo el ‘amaño’. Según explica el organismo, las constructoras quedaban de forma periódica «para tomar café» y, en esas reuniones, pactaban una ‘cesta’ en la que mezclaban ofertas ganadoras con otras de cobertura que permitieran transmitir la sensación de una competencia sana y limpia a la hora de acceder a las licitaciones. Pero el ganador de los contratos siempre estaba dentro de este grupo.

El mecanismo era, según explica la CNMC, bastante complejo. Las empresas dividían en grupos esos contratos de Fomento acordando criterios comunes en la presentación de ofertas económicas para cada uno de ellos.

Después, se asignaba una «bolsa» de puntos para cada compañía y para cada grupo de licitaciones y esta se iba consumiendo en función del nivel de descuentos que se ofrecían sobre el presupuesto inicial de contratación.

«Cuanto mayores fueran las bajas (descuentos) que presentasen en sus respectivas ofertas económicas, más puntos se gastaban, aplicando una fórmula específicamente diseñada por el cártel para cada grupo de contratos», apunta la CNMC en su comunicado.

Con este sistema y calculadora en mano, las constructoras lograban limitar el número de contratos en los que cada una podría presentar fuertes descuentos.

Competencia deja claro que esta fórmula incentivaba a cada empresa del cártel a concentrar sus posibilidades de adjudicación en un número limitado de licitaciones públicas, «presentándose en las restantes ofertas con escasas o nulas posibilidades de adjudicación, convirtiéndose así en ofertas de cobertura».

La multa económica no será el único quebradero de cabeza para las empresas afectadas. También se ha solicitado a la Dirección de Competencia que se analice la posible responsabilidad de los directivos implicados en la infracción. Pero el mayor problema para las grandes constructoras es que se ha activado el mecanismo que veta su acceso a licitaciones públicas. La CNMC ha remitido a la Junta de Contratación del Estado la notificación de esta resolución para que se inicie el procedimiento de determinación de la duración y alcance a las empresas sancionadas. Las empresas tienen dos meses para recurrir la sanción.

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