Hacienda avisará a las empresas si se encaminan hacia la insolvencia

La reforma de la ley concursal que plantea el Gobierno ha hecho sonar las alarmas. El Ejecutivo se ha comprometido con Bruselas a que la transposición de la directiva comunitaria sobre procedimientos concursales estará en vigor antes de julio del año que viene. Eso podría explicar las prisas en aprobar el anteproyecto en pleno mes de agosto y dar solo quince días para presentar alegaciones.

Lo que está claro es que el actual sistema concursal ha resultado un fracaso: los concursos se eternizan (la duración media es de 60 meses) y no son infrecuentes los casos en que la insolvencia de un deudor provoca la de los acreedores. Por si fuera poco, más del 90% de los concursos de acreedores acaban en liquidación, no en convenio.

Por eso, la directiva tiene tres objetivos: garantizar que las empresas y empresarios viables que se hallen en dificultades financieras tengan acceso a una reestructuración preventiva que les permitan continuar su actividad; que los empresarios de buena fe insolventes o sobreendeudados puedan disfrutar de la plena exoneración de sus deudas y una segunda oportunidad; y que se mejore la eficacia y la duración de los procedimientos.

Entre las novedades de la norma se encuentra un sistema de alerta temprana a las empresas que pudieran encontrarse en una situación de «probabilidad de insolvencia» de acuerdo con determinados indicadores. Estos avisos serán confidenciales y se enviarán exclusivamente a la empresa.

Bruselas obliga a que se implante una alerta temprana antes de que los problemas financieros se manifiesten de forma clara, pero el Gobierno decide cómo. En el anteproyecto de reforma de la ley concursal el sistema se encomienda a Hacienda, aunque está poco definido y sólo aparece en una disposición adicional que habilita a regularlo en una orden ministerial.

La Asociación Profesional de Administradores Concursales (Aspac) valora positivamente la alerta temprana, aunque critica que sea Hacienda la encargada de hacerlo. «Esta fiscalización nos da un poco de miedo», señala Diego Monasterio, presidente de Aspac.

Juan Carlos Robles, presidente del Registro de Economistas Forenses (Refor) del Consejo General de Economistas, considera que esa detección temprana «no va a funcionar». Desde el Refor habían ofrecido un «semáforo de insolvencia», semejante a un test de estrés, que las empresas cumplimentarían cuando pidieran un crédito de refinanciación, al solicitar subvenciones o acudir a una licitación. Robles destaca que el test tiene un 96% de fiabilidad para detectar insolvencias.

Asimismo, desde la Asociación de Autónomos ATA defienden que la alerta temprana no sea competencia exclusiva de Hacienda y ofrecen sus propias herramientas.