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Hacienda estudia devolver el IRPF a las madres que reclamaron antes del fallo

Más de 400 mujeres denuncian que se han quedado sin el dinero porque la Administración limita a 4 años las devoluciones tras la sentencia del Supremo

Edurne Martínez

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Más de 400 mujeres denuncian que se han quedado sin el dinero porque la Administración limita a cuatro años las devoluciones. FOTO: Getty Images

Más de 400 mujeres denuncian que se han quedado sin el dinero porque la Administración limita a cuatro años las devoluciones. FOTO: Getty Images

Fueron las primeras en reclamarlo y serán las últimas en cobrar, si es que llegan a hacerlo. Se trata de las mujeres que pidieron la devolución del IRPF por maternidad antes de que llegara la sentencia del Tribunal Supremo del pasado octubre, gracias a la cual todos los padres y madres desde 2014 recibirán el importe retenido al considerarse ya exento de tributación.

Una sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Madrid reconoció este derecho a una madre en 2013 y ordenó a Hacienda que le devolviera la cantidad ingresada en el IRPF por la prestación de maternidad con cargo a la Seguridad Social, pero no sentó jurisprudencia. Muchas después de ella alegaron los mismos motivos, que fueron rechazados, y no siguieron con el procedimiento por ser muy «farragoso». El problema y la «injusticia», según estas mujeres, es que como el suyo es un expediente «cerrado» se ha desestimado su solicitud ahora que la Agencia Tributaria va a devolver una media de 1.300 euros a todos los que tuvieron hijos cuatro años antes de la decisión del Supremo, al limitarse la retroactividad de la sentencia.

Por ello se han unido en la llamada Asociación de Afectadas por la No Devolución del IRPF de maternidad y paternidad, que ya aglutina a más de 360 personas. «Cada día se suman de media 10 o 12 madres más», explica a este medio Nagore Fernández, vicepresidenta de la plataforma. Señala que todas ellas han rellenado el formulario que la Agencia Tributaria colgó en su web en diciembre, pero critican que han «tardado mucho» en decirles que se lo deniegan por esta causa. «Hay algunas que aún no saben que no van a cobrar», apostilla.

Lo llamativo es que ahora en el Ministerio de Hacienda reconocen que esta situación es una «injusticia», por lo que han transmitido a la asociación de afectadas su «compromiso» de buscar una solución. Pero no es fácil. Desde el departamento reconocen que hay que explorar «diferentes vías» junto a la Abogacía del Estado para que la decisión que se tome a fin de devolver el dinero «respete la seguridad jurídica». «Estamos buscando un mecanismo que esté sustentado tanto tributaria como legalmente, para que no se pueda tumbar posteriormente», precisan fuentes de Hacienda.

Las mujeres están recibiendo de media unos 2.000 euros por esta devolución

No resultará sencillo porque sus expedientes están cerrados, ya que la mayoría no continuó con el procedimiento una vez recibieron el rechazo administrativo de la causa. Fernández explica que en Alava han mantenido reuniones con el delegado de Hacienda y tienen el asunto «un poco más avanzado», pero ya les han comunicado que «no hay una solución legal». «El problema es que esta situación tan desigual está generando ciudadanos pasivos que no reclaman, es una situación muy injusta», critica la vicepresidenta de la plataforma de afectadas.

No obstante, desde el Ministerio no han sido aún tan contundentes. Eso sí, no saben los plazos que se pueden estar manejando ni si este año se conseguirá resolver el problema: «Cuanto antes mejor, pero la prioridad es que la fórmula sea sólida», apuntan. Tampoco quieren hacer cálculos de cuánto dinero supondrá para las arcas públicas porque desconocen exactamente el número de afectados que puede haber.                      
Según los últimos datos publicados por la Agencia Tributaria (AEAT), las mujeres están recibiendo de media unos 2.000 euros por esta devolución, por lo que si finalmente el número de implicadas llega a las 500, el desembolso sería de alrededor de un millón de euros extra. Habría que sumarlo a las cifras que ya estimó el sindicato UGT que costaría a las arcas de la Seguridad Social la decisión del Supremo: unos 1.300 millones.   

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