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Hasta 12.000 millones en juego por el Popular

Los frentes judiciales que en estos momentos hay en marcha contra los exdirectivos de la entidad y los reguladores también pueden llegar a salpicar al Banco Santander

José María Camarero

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Clientes y pequeños inversores de la entidad han iniciado acciones legales tras la compra del Santander. Foto: DT

Clientes y pequeños inversores de la entidad han iniciado acciones legales tras la compra del Santander. Foto: DT

El maremágnum de actuaciones jurídicas que ya han iniciado una parte de los perjudicados por el rescate del Banco Popular se incrementa a medida que transcurren no ya las semanas, sino prácticamente los días, desde que hace ahora un mes que la Unión Europea declaró la inviabilidad de la entidad y el FROB (Fondo de Reestructuración Bancaria) se la adjudicó al Santander. Asociaciones de consumidores, bufetes de abogados, agrupaciones de inversores minoritarios y algunos de los antiguos grandes accionistas del banco se han puesto en marcha para reivindicar lo que consideran, al menos, un error y por el que pleitearán para ser compensados por las pérdidas acumuladas en su patrimonio personal o empresarial.

Aunque los frentes abiertos son aún muy heterogéneos, se estima que el coste esa compensación, de ser aceptada en su conjunto por la justicia, supondría entre 7.000 y 12.000 millones, según apuntan fuentes jurídicas y financieras. Sería el resultado de sumar la capitalización bursátil del Popular el día en el que fue intervenido -unos 2.098 millones, a razón de 0,5 euros por cada uno de los casi 4.200 millones de títulos en circulación hasta esa jornada, como calculó el FROB-; el valor nominal de los instrumentos de deuda antes de ser reconvertidos a 0 euros -más de 2.000 millones en todo tipo de activos como híbridos, participaciones preferentes o incluso deuda del banco-; así como de otros conceptos como la última ampliación de capital de 2.500 millones que el grupo emitió hace ahora un año.

Aunque todas estas cifras bailan continuamente, en función de contra quiénes actúen los perjudicados, el propio Santander ha reconocido -dentro del folleto informativo de la ampliación de capital que está llevando a cabo por 7.072 millones- la posibilidad de que «se presenten recursos contra la resolución del FROB, o bien reclamaciones frente a Popular, Santander u otras entidades del Grupo derivadas de o vinculadas con la adquisición» del primero. La entidad, de hecho, reconoce que la resolución del caso «no tiene precedentes en España ni en ningún otro Estado miembro», y que esta circunstancia podría suponer un riesgo añadido. La ‘troika’ (CE, BCE y FMI) estima que el coste de los litigios a los que se enfrentaría le supondrían hasta 4.000 millones al Santander.

Muchos despachos de abogados, bregados en los últimos años de crisis en litigar contra la banca por conflictos como los de las cláusulas suelo, la emisión de preferentes o incluso en salidas a Bolsa se preparan para actuar. Sin embargo, lo están haciendo de forma tan divergente que algunos expertos consideran que esta estrategia no podría dar los resultados esperados, al menos para todos y cada uno de los implicados.

A falta de compensación

La incorporación de demandantes a estas iniciativas dependerá de la compensación que ofrezca el Santander a parte de los antiguos accionistas del Popular, tal y como admiten en los despachos de abogados. La solución podría pasar por ofrecer algún producto que contrarreste la pérdida de los títulos en los que invirtieron. Además, parte de ellos también eran clientes del Popular, a los que precisamente el grupo presidido por Ana Botín no puede defraudar para no perder ahora su confianza. Mientras tanto, si la compensación se retrasa los bufetes irán acaparando más adeptos para litigar. Y viceversa.

La última iniciativa ha partido de la Asociación Independiente de Afectados del Popular (AIAP), desde donde han interpuesto un recurso de reposición contra la resolución de la Junta Única de Resolución (JUR), el organismo europeo encargado de liquidar al banco a principios de junio. Por ahora, es la única acción que tomarán «porque hay que actuar bajo el principio de prudencia», indican. Desde esta organización consideran que hay artículos del reglamento 806/14 de la UE sobre resolución de entidades «que se los han saltado».

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