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¿Hay respuesta ante la insolvencia Covid?

El administrador debe gestionar la insolvencia con diligencia, solicitar la decla-ración y evitar su agravación

Enrique Grande Bustos

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Enrique Grande Bustos. Socio del Departamento Procesal de Garrigues Abogados y Magistrado en excedencia.

Enrique Grande Bustos. Socio del Departamento Procesal de Garrigues Abogados y Magistrado en excedencia.

Una compañía es insolvente cuando carece de liquidez para atender sus deudas.

Una vez que la compañía es insolvente, su administrador debe gestionar la insolvencia con diligencia: debe evitar su agravación y también solicitar la declaración judicial de insolvencia dentro del riguroso plazo de dos meses desde que acontece.

Si incumple esas obligaciones, el administrador de la compañía asume un riesgo: ser condenado por el Juez del concurso a pagar con su patrimonio personal a los acreedores lo que estos no pudieran cobrar directamente de la sociedad insolvente.

Con este marco legal, acontece la pandemia mundial que genera y seguirá generando tensiones de liquidez en numerosas compañías que devendrán por ello insolventes.

Ante esa situación, se aprueba una prorroga del plazo general de dos meses para solicitar concurso de acreedores: de manera excepcional hasta el 31 de diciembre de 2021 ningún administrador está obligado a solicitar concurso de la compañía insolvente; tampoco los acreedores pueden demandarlo judicialmente.

Ahora bien, esa moratoria o prórroga del plazo para solicitar la declaración judicial de insolvencia no exonera al administrador de cumplir el resto de sus obligaciones con ocasión de la insolvencia. Por más que no tenga obligación de solicitar el concurso de la compañía insolvente hasta el 31 de diciembre de 2021, el administrador sigue estando obligado a gestionar la insolvencia con diligencia y, de manera particular, no puede agravar la insolvencia de la compañía en perjuicio de sus acreedores. Si por el paso del tiempo, de aquí hasta el 31 de diciembre la insolvencia se agrava, el administrador responderá con su patrimonio personal. De ahí que el administrador más diligente que quiera exonerarse de responsabilidad deba solicitar la declaración judicial de concurso antes de aquella fecha sin permitir que por el paso del tiempo se agrave la insolvencia.

El concurso no es un final: pero no se entraña la liquidación de la compañía y por el contrario permite alcanzar acuerdos con los acreedores que permitan su viabilidad futura y, para ello, entre otros recursos, la resolución de contratos que puedan estar drenando la liquidez de la compañía posibilitando soluciones inviables fuera del concurso.

En un escenario de liquidación, los recientes acuerdos de los Juzgados Mercantiles de Barcelona que pueden llegar a extenderse a otras jurisdicciones aseguran la compra/venta exprés de las unidades de negocio en un tiempo record tras la declaración de concurso en el conocido como pre-pack que comentaremos en otra ocasión.

Esperar pues al 31 de diciembre de 2021 para solicitar la declaración de concurso de una compañía insolvente es arriesgado y compromete soluciones que el derecho concursal ofrece para procurar la continuidad de la actividad. El concurso es también una oportunidad que hay que saber aprovechar.

Enrique Grande Bustos es socio del Departamento Procesal de Garrigues Abogados y Magistrado en excedencia.

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