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Las puertas de las sucursales de Banca Popolare di Vicenza y Banca Veneto -las dos entidades italiana de la región del Veneto, en el norte del país- abrirán hoy sin problemas, para tranquilidad de sus clientes. Lo harán gracias al decreto ley aprobado este ayer por la tarde por el consejo de ministros italiano, mediante el cual se ordena la «liquidación ordenada» de ambas entidades, cuyos activos sanos pasarán a manos de Intesa San Paolo, el primer banco del país.
El Gobierno italiano se reunió ayer de urgencia, tras un sábado repleto de conversaciones a varias bandas, después de que la Junta Única de Resolución europea ordenara el viernes liquidar ambas entidades al considerarlas inviables. Sin embargo, y a diferencia de lo que ocurrió con el Popular, las autoridades no consideran que en este caso se pueda aplicar una acción de resolución al no identificarlas como un peligro de importantes dimensiones para el sector italiano. De este modo, el
Estado puede movilizar «recursos hasta 17.000 millones», tal y como indicó ayer el ministro de Economía y Finanzas, Pier Carlo Padoan, quien defendió que la solución era «la única alternativa a la liquidación desordenada» de las dos entidades.
Padoan explicó que Intesa recibirá del Estado 4.785 millones de euros en concepto de «anticipo de caja», destinados a las «operaciones necesarias para mantener la capitalización y el reforzamiento patrimonial» de la entidad frente a la compra de los bancos vénetos. Para evitar críticas, el ministro insistió a preguntas de la prensa en que el «desembolso efectivo» del Estado en esta operación será de esa cantidad y que la intervención pública no tendrá impacto sobre el endeudamiento estatal.
