'La Administración ha hecho dejación con el control del agua'

El debate sobre el servicio de suministro de agua está en España, pero también en otros lugares de Europa. Cuando decimos ‘remunicipalizar’, ¿de qué estamos hablando realmente? Joaquín Tornos (Barcelona, 1952, catedrático de Derecho Administrativo en la UB y socio director de Tornos Abogados) lo aborda en el libro ‘El servicio de suministro de agua en España, Francia e Italia’.

¿El agua es un bien público, es un derecho...?
En nuestro país y en nuestro entorno cultural jurídico, el agua es un bien de dominio público. Desde el año 1988, todas las aguas son bienes de dominio público, y el agua pertenece a la Administración, que es la titular, y que permite a los particulares acceder a ella. Esto se complementa con la calificación del suministro de agua como servicio público, donde los ciudadanos tienen el derecho de acceder al agua con asequibilidad, continuidad y calidad.

¿’Asequibilidad’, ‘continuidad’...?
Dicho de otra forma: que siempre tienes que ser capaz de pagarla, nunca puede tener precios desorbitados. En segundo lugar, que siempre que abras el grifo ha de salir agua, no te pueden interrumpir el suministro. Y, en tercer lugar, que tenga los controles necesarios para que siempre sea apta para el consumo humano.

En eso del precio asequible del agua hay más de una discrepancia...
Claro, claro. Pero hay mecanismos pensados para asegurar ese derecho. Como le decía, en nuestro país hay un derecho de acceso al suministro de agua, y velar por ese derecho es responsabilidad de las administraciones públicas. En este caso, recae en los entes municipales, que tienen el deber de prestar esos servicios de suministro. Y, como le he indicado, deben hacerlo a un precio asequible, razonable. Pero el coste de ese servicio ha de ir a cargo de los usuarios, no puede ser una prestación gratuita.

Entonces, quien no pueda pagárselo...
Pues como que se trata de un bien para la dignidad de la persona, si alguien no pudiese hacer frente al pago, se le prestará el servicio de forma gratuita. En este punto, hay resoluciones en la ONU sobre el Derecho Humano al Agua, que en la Constitución española no está garantizado, pero sí reconocido.

¿Por qué se está hablando de ‘remunicipalización’? ¿Se ha privatizado el agua? 
De ninguna manera. Como le decía, el agua es un bien de dominio público, y los municipios son los que tienen la obligación de prestar el servicio. Es decir: para que el agua llegue hasta el grifo, tiene que haber una actividad prestacional. Y, ésta sí, puede ser administrativa o privada. La cuestión, entonces, es otra: ¿Quién puede llevar a cabo mejor el servicio de llevar agua desde el río hasta el grifo? ¿Un concesionario o la Administración?

Y la respuesta es...
Que depende. Se lo contaré, pero primero hay que aclarar algo: cuando se habla de ‘remunicipalizar’, parece como si el suministro de agua no fuese un servicio municipal, y sí que lo es. Ahora y mañana. Es de titularidad pública, y lo sigue siendo aunque quien lo ejecute sea una concesionaria. Por eso, en lugar de ‘remunicipalizar’, es mejor hablar de ‘reinternalizar’ el servicio público. Y aquí es donde surgen opciones a favor y en contra.

¿Qué argumentos hay en cada caso?
A mi entender, esta reivindicación para reinternalizar el servicio tiene dos causas fundamentales. La primera es la llegada de ayuntamientos de izquierdas que han traído el discurso de que «no se puede hacer negocio con el agua», que «es un bien público»... Pero eso no tiene nada que ver con quién lleva a cabo el servicio. Es algo que enlaza con el otro factor.

¿Cuál?
La segunda causa que lleva a reivindicar esa reinternalización es que, mediante concesiones muy largas, las administraciones no habían ejercido un control sobre las concesionarias, y de alguna manera habían hecho una dejación de funciones. Entonces es cuando surgen críticas hacia esas concesionarias, que quizás han abusado un poco, que no han hecho inversiones, que han establecido precios que no deberían... Pero, como le digo, la principal causa ha sido esa dejación de funciones por parte de las administraciones públicas.

¿Y qué deberían haber hecho?
Cuando hablamos de un contrato de prestación de servicios, la Administración puede dar instrucciones, exigir y estar constantemente encima del concesionario. Pero aquí surge la cuestión de la capacidad técnica de los ayuntamientos: has de tener funcionarios capaces de valorarlo. Por eso creo que la Administración no debe preocuparse tanto de gestionar, sino de invertir en un núcleo de funcionarios más cualificados y capaces de hablar de tú a tú con las empresas.

¿Y ese control profesional, cómo lo va a hacer un municipio en el que el alcalde trabaja en su negocio y pasa una tarde a la semana por el ayuntamiento, porque no le da para más?
Ésa es la cuestión. ¿Puede hacer esto un municipio de 2.000 habitantes? Difícilmente. ¿Puede hacerlo un área metropolitana? ¿Un consell comarcal? Sí. Es un debate que se está teniendo en Europa. Para que todos esos pequeños municipios puedan tener unos técnicos potentes y competentes, que ejerzan ese control  sobre las concesionarias y les obliguen a introducir las mejoras que crean necesarias, haciendo valer la figura de la «cláusula de progreso», en Italia han creado, por ejemplo, unas organizaciones supramunicipales, por encima incluso de los consejos comarcales, que hacen esa tarea.

Cada pequeño municipio no puede pagarse uno de estos profesionales, pero entre muchos sí pueden compartirlos. ¿Es eso?
En efecto. También en Francia están hablando de hacerlo. Con muchas resistencias, pero se está hablando de crear una entidad garante del agua, que hiciese esa labor de supervisión.

¿Ha llegado ese debate hasta aquí?
Está llegando. Seguramente, en estos momentos, con una autonomía local muy arraigada, y siendo el del agua un servicio muy municipal, imponer áreas de prestación obligatorias no funcionaría. Pero sería bueno fomentar las formas de asociación voluntaria, con un modelo de consorcio que sea quien decida si presta el servicio él mismo, crea una empresa mixta público-privada o hace un contrato de concesión. Pero lo haría con criterios profesionales, donde lo que tendría que primar sería garantizar un buen servicio a los ciudadanos. Y eso no es cuestión de color político.