La Generalitat asesorará gratis a particulares y autónomos endeudados

La Generalitat ha puesto en marcha un servicio de acompañamiento a deudores en situación de insolvencia actual o inminente, a través del portal segonaoportunitat.gencat.cat. El objetivo es reducir los concursos de acreedores y resolver los casos de insolvencia antes de que lleguen a los juzgados, a través de los mecanismos de segunda oportunidad previstos por la ley. Este servicio es gratuito y ayuda a las personas y autónomos ahogados por las deudas a preparar la documentación para iniciar una mediación con los acreedores. Los técnicos de la Generalitat hacen el acompañamiento inicial, identifican los casos con posibilidades reales de acuerdo y ponen los interesados en contacto con el notariado, las cámaras de comercio y los registradores, para iniciar el proceso de mediación.
Entre las ventajas de iniciar el proceso para un acuerdo extrajudicial de pagos a través de la mediación, destaca la paralización de la ejecución de la deuda con la subasta de la vivienda habitual. Si las partes no llegan a ningún acuerdo extrajudicial de pagos, o si la acuerdan pero lo incumplen, se inicia el proceso judicial del concurso de acreedores. Si es así, el estudio previo del servicio de la Generalidad en facilitará la tramitación judicial, para que el caso llegará a los juzgados con una mayor y mejor información, en beneficio tanto de los deudores como de sus acreedores.

Llamada a la implicación de los principales acreedores

El Govern hace un llamamiento a las entidades financieras y de crédito y los suministradores de servicios básicos para que se impliquen en los mecanismos de segunda oportunidad y faciliten los acuerdos con los deudores. La resolución de los impagos a través de la mediación contribuye, por una parte, a un cambio cultural sobre la resolución de los conflictos y, por otro, a la descongestión de los juzgados, que harán frente a un previsible avalancha de casos de insolvencia por la emergencia sanitaria. Los mecanismos de segunda oportunidad permiten acuerdos más rápidos y satisfactorios para las dos partes y favorecen la continuidad de la actividad económica. La mediación por insolvencia y el concurso de acreedores son mecanismos conocidos por las empresas, pero desconocidos por los particulares, que también pueden acogerse.

Reformas legislativas urgentes para acelerar y ampliar el acceso a la exoneración de las deudas
Además de la creación del nuevo servicio gratuito de acompañamiento a los deudores, el Departamento de Justicia ha preparado una batería de enmiendas al proyecto de ley de medidas procesales y organizativas para hacer frente a la Covid-19 y las ha hecho llegado a todos los portavoces de la comisión de justicia del Congreso.

En relación con la ley de la segunda oportunidad, Justicia propugna que los deudores puedan acceder al beneficio de exoneración del pasivo insatisfecho (Bepi), es decir, a la exoneración de las deudas, sin pasar obligatoriamente por un intento de acuerdo extrajudicial de pagos (AEP). En cambio, actualmente, cualquier exoneración requiere, por ley, el intento de un acuerdo previo al inicio del concurso judicial. Se trata de una condición innecesaria para los deudores que no disponen de ningún patrimonio y que, por tanto, no pueden negociar ningún pago parcial a sus acreedores. Este requisito fuerza un intento imposible y dilata la posible solución.

El Govern también considera que hay que ampliar el acceso a la exoneración de las deudas. La regulación de la segunda oportunidad impide que se puedan beneficiar los deudores con impuestos y cotizaciones pendientes de pago a Hacienda y la Seguridad Social. Con el cambio normativo que impulsa el Departamento de Justicia, el peso de la exoneración del pasivo insatisfecho no recaería exclusivamente sobre los acreedores privados, sino que también lo asumiría el Estado, como ejemplo de compromiso con la condonación de los impagados y con la generación de nuevas oportunidades.

La batería de enmiendas del Departamento de Justicia incluye otras medidas para agilizar los asuntos de los juzgados mercantiles. Si el Congreso las aprobara, las compañías aéreas ya no podrían judicializar sistemáticamente las reclamaciones por pérdida de equipaje o cancelaciones de vuelos. En lugar de dificultar y dilatar las compensaciones, las resolverían los organismos competentes en la defensa de los intereses de los consumidores de cada territorio. En el caso de Cataluña, el servicio correspondería a la Agencia Catalana de Consumo.

El concurso de acreedores, si no se alcanza el Bepi, una condena de por vida

Si no se puede alcanzar un acuerdo extrajudicial ni llega al Bepi, el concurso es un mecanismo que puede condenar el deudor a arrastrar la deuda toda la vida ya hacer frente con todos sus bienes, tanto los que tenga en el momento del juicio como los que pueda conseguir en el futuro. Esto puede impedir la continuidad de empresas endeudadas, pero viables; desincentiva nuevas iniciativas económicas por parte del deudor, con la correspondiente creación de puestos de trabajo; y puede derivar los deudores hacia la economía sumergida. Aparte de perjudicar al deudor, el concurso también puede verter el acreedor no cobrar ni una parte de la deuda.

Catalunya concentra cerca del 30% del total de concursos de acreedores de todo el Estado

Según el INE, el 30% de los concursos de acreedores a deudores de todo el Estado durante el 2020 se produjeron en Catalunya. De los cerca de 32.000 concursos en todo el estado entre el 2016 y el 2020, cerca de 9.000 correspondieron a Catalunya. En cuanto a las empresas concursadas, durante el 2020 el 25% de las tramitaciones en todo el Estado afectó a empresas catalanas. De los 21.776 concursos de empresas de todo el estado entre el 2016 y el 2020, 4.957 fueron de empresas catalanas. En cualquier caso, estas cifras se encuentran muy lejos de las cerca de 100.000 personas que optan anualmente por vías similares para resolver situaciones de insolvencia en países como el Reino Unido, Alemania o Francia.

Cerca de 36.000 casos pendientes de juicio en los juzgados mercantiles

Todos los concursos de acreedores los resuelven los juzgados mercantiles, que también tratan demandas relacionadas con el transporte ¬-como las reclamaciones a las compañías aéreas-, por competencia desleal, propiedad industrial e intelectual o impugnaciones de acuerdos de sociedades y cooperativas. Estos juzgados cerraron en 2020 con 35.853 asuntos pendientes acumulados, pendientes de resolver.