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La consejera de Justicia, Ester Capella, ha hecho un llamamiento a la "responsabilidad" a los propietarios de los locales de los centros comerciales afectados por las restricciones de la actividad para contener la pandemia que rebajen el precio del alquiler al 50% y ha recordado que están obligados a ello tras la aprobación del decreto ley en Catalunya y posterior convalidación en el Parlamento.
"Si desaparecen los negocios, los locales comerciales ya no servirán para nada ni para nadie", advirtió la consejera tras reunirse con el presidente de Comertia, David Sánchez.
Capella reiteró que Catalunya tiene competencia exclusiva en derecho civil y que el decreto aprobado por el gobierno español, que prevé un aplazamiento del pago de dos años, no es aplicable. "No hay ninguna duda sobre la ley vigente. Los manejos legales son inadmisibles", subrayó al consellera de Justicia, que ha añadido que "hay demasiado en juego".
"Para hacer negocios en Catalunya, deben respetar el legislativo de Catalunya. Aquí, hemos decidido que el peso de la crisis se ha de repartir", ha continuado. En la ley catalana, se establece un mes para que ambas partes lleguen a un acuerdo voluntario y si no es así es cuando se aplica un 50% de la rebaja del importe del alquiler o de la parte correspondiente de la limitación horaria o de aforo.
Por su parte, el presidente de Comertia, David Sánchez, lamentó que aún un 5% de los propietarios se hayan negado a aplicar las rebajas del 50% en el precio del alquiler de los locales y que insistan en adoptar el decreto español.
El texto aprobado por el gobierno de Pedro Sánchez se aplica si el propietario del local es un gran tenedor y si el titular de negocio es una pyme o un autónomo. Además, prevé un aplazamiento de los pagos repartidos en los dos años posteriores a la finalización del estado de alarma.
