La banca se apunta a los créditos ‘verdes’

Si los bancos conceden préstamos «verdes», o más bien si las entidades financian actividades sostenibles, podrán beneficiarse de algunas de las medidas que la Unión Europea ha puesto en marcha para fomentar una economía que cumpla con objetivos medioambientales y de reducción de emisiones de dióxido de carbono (CO2). El camino es largo, más aún en el entramado burocrático comunitario, pero las bases ya están puestas: las entidades que demuestren este tipo de financiación podrán aplicarse una reducción del 25% en las exigencias de capital que ahora les requiere la regulación.

El beneficio no es baladí para unos balances que siguen sufriendo los envites de un contexto marcado por los tipos de interés en mínimos y, al mismo tiempo, por las exigencias de rentabilidad y solvencia de los mercados y las autoridades. De hecho, la banca española ha registrado los peores niveles de capital (CET1 fully loaded) de toda la Unión Europea en el último examen de transparencia elaborado por la Autoridad Bancaria Europea (EBA). Las doce entidades diseccionadas arrojaron una ratio media del 11,57%.

Una ayuda regulatoria de este calibre supondría una importante inyección para la banca. Aunque su aplicación práctica aún está por llegar. Por ahora, se trata de un artículo incluido en la directiva CRR2.

La norma ha sido aprobada recientemente por el Parlamento Europeo y el Consejo de Europa, aunque tiene que ser adaptada por el Gobierno a la legislación española. Por eso se calcula que pueda entrar en vigor en el primer semestre de 2021, según apuntan desde KPMG.

El objetivo es que los bancos también se impliquen en la lucha contra el cambio climático porque será una cuestión primordial incluso para analizar el estado de una entidad financiera. De hecho, el denominado como «riesgo medioambiental» también será otra de las variables que se incluirán en los futuros test de estrés que elabore la EBA. Este organismo, cuya sede ha sido trasladada de Londres a París por el Brexit, ha publicado recientemente varias guías en las que alertaba sobre la obligatoriedad de informar sobre las inversiones de los bancos que puedan llegar a financiar operaciones contaminantes.

Conscientes de que su futuro también pasará por esa criba de los inversores, algunos bancos ya están analizando las actividades que financian de sus clientes.