La sequía pasa una factura de más de 4.400 millones

Reza el rico refranero español que «cuando llueve en agosto, llueve miel y llueve mosto». El problema es que el agua ni está ni se la espera, a corto plazo y encima nos encontramos ante uno de los peores ejercicios para el país, en términos hidrológicos, desde los años 90. Las asociaciones agrarias ya han calificado la cosecha como la segunda peor en 25 años, aunque los perjuicios superan al campo.                

La factura provisional que ya ha pasado a la economía española se estima en más de 4.400 millones de euros. Una cuenta que comienza en la propia agricultura, donde la peor parte ha recaído en los cereales y, de forma especial, el centro y el norte del país por el fuerte descenso de las precipitaciones. Así, en Castilla y León, la principal productora del país en trigo y cebada, las pérdidas superan los 1.000 millones según las organizaciones UPA y COAG.

Con un recorte de cosechas de entre el 50% y el 80% no se vivía una situación así desde 1990

Calculan un recorte de cosechas de entre el 50% y el 80% –uno de cada dos cereales que se cultiva en España lo hacen en esa región– y no recuerdan una situación parecida desde 1990. Y es que de los dos millones de hectáreas que se plantan al año, más de 850.000 se dan ya por prácticamente arruinadas. Y en el resto, hasta tres cuartas partes habrían sufrido algún tipo de daños.

En estas circunstancias la producción de regadío se resiente mucho, hasta el punto de que la siembra se ha ralentizado todo lo posible ante la escasez de agua en los pantanos, cuyas reservas han caído más de un 15% sobre 2016. 

Las asociaciones agrarias han pedido ayudas directas, medida que el Gobierno rechaza. Lo que sí ha aceptado son distintos tipos de medidas paliativas, empezando por hasta 200 millones de euros en créditos subvencionados (hasta 60.000 euros por beneficiario y con dos años de carencia), cuyo plazo de solicitud vence el próximo 20 de septiembre.

Se han previsto exenciones temporales para los agricultores, en el canon de regulación y la tarifa de agua, por 54 millones. Y algo parecido pasa las cotizaciones de sus autónomos, aplazadas hasta febrero de 2018, mientras que Hacienda ha rebajado su modulo de estimación para ingresos por cereal, tomate, oliva y bovino de leche, con un impacto de 300 millones para sus arcas.

Mediante las pólizas agrarios, a su vez, se han cubierto riesgos por valor de más de 490 millones. El problema es que apenas el 40% de las cosechas están aseguradas.

Otro punto es la reducción del empleo –y los ingresos de la Seguridad Social– en un sector con 800.000 asalariados, «alto volumen de trabajo sumergido (más de un 63%)–denuncia CC OO–, elevada vulnerabilidad y temporalidad». En julio, los afiliados en la agricultura cayeron un 5,7%.

El otro gran impacto de la sequía se acusa en la factura eléctrica, que en los últimos 12 meses se ha encarecido un 6,5% aunque las asociaciones de consumidores apuntan un alza de dos digitos. El recibo de la luz del usuario medio es hoy 68 euros más caro, un sobrecoste global de más de 1.700 millones entre todos los clientes.