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La Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE), que componen 137 países, está convencida de que es necesario instaurar un impuesto digital para que las grandes empresas tecnológicas no paguen solo donde tienen la sede -Irlanda o países con un Impuesto de Sociedades muy bajo, incluso paraísos fiscales- sino que lo hagan donde prestan servicio. Sin embargo, el acuerdo a nivel internacional se hará esperar ya que las negociaciones sobre este pacto para la fiscalidad digital no ha alcanzado el acuerdo que buscaban para este año, según anunció ayer la OCDE.
Eso sí, la organización reconoce que han realizado «progresos sustanciales» que permiten fijar un nuevo objetivo de cerrar un compromiso a mediados de 2021. La OCDE alude al actual contexto de crisis por la pandemia del coronavirus, por el que el aumento del gasto público que están soportando los Estados por las necesidades sanitarias «hace aún más imperiosa la necesidad de una solución» que cuando el G20 encargó este proyecto en 2017.
Angel Gurría, secretario general de la organización, aseguró que sin una solución global, hay un «riesgo real» de que los países se embarquen en adoptar medidas «sin coordinación y unilaterales». «Un fracaso amenazaría con que las guerras fiscales deriven en guerras comerciales en un momento en que la economía global está sufriendo enormemente», advirtió Gurría.
Es el caso de España, donde ya se ha aprobado la tasa en Consejo de Ministros el pasado mes de febrero, y ha pasado su primer trámite en el Congreso. El tributo español propone gravar a las empresas con una cifra de negocio superior a los 750 millones de euros a nivel mundial y cuyos ingresos en España derivados de los servicios digitales afectados por el impuesto superen los tres millones. El tipo de gravamen del impuesto es del 3% y se aplicará a la prestación de servicios de publicidad o de intermediación y a la venta de datos a partir de información proporcionada por el usuario. Según estima el Gobierno, la recaudación será de 968 millones al año.
Según los cálculos de los expertos, imponer una tasa mundial podría significar una redistribución de unos 100.000 millones de euros de impuestos anuales que llegarían las arcas de los países donde se encuentran los consumidores. Al mismo tiempo, la creación de un impuesto de sociedades mínimo a escala global generaría 100.000 millones de dólares de impuestos cada año.
