Larga deuda al déficit

En torno a los 150.000 millones de euros ascenderá este 2020 el déficit público del conjunto de todas las administraciones públicas en España. Es una estimación en la que coinciden la práctica totalidad de los organismos, tanto públicos como privados, que periódicamente dan a conocer sus proyecciones económicas. Si lo relacionamos con el PIB, como se hace habitualmente, se situará alrededor del 14% del previsto para este año.

Aunque sea una cifra astronómica, casi cinco veces superior a la de 2019, el déficit sigue siendo simplemente la diferencia entre gastos e ingresos cuando los primeros son superiores a los segundos. Si lo medimos contra el total de gastos previstos en el año el porcentaje de déficit será entonces superior al 40%. En otras palabras, por cada 100 euros que los organismos públicos están gastando este 2020, menos de 60 están financiados con ingresos vía impuestos incluyendo las cotizaciones sociales. El resto se financiará con deuda.

Cierto es que este 2020 ya se preveía con déficit en las cuentas, al igual que en los últimos años en los que se ha ido manteniendo un equilibrio entre el PIB y la deuda total, pero nunca de la magnitud que va a tener. Es una magnitud que va a ser superior al déficit que hubo en 2009, primer año en el que impactó de lleno la crisis de la Gran Recesión y de la que todavía no nos habíamos recuperado del todo.

La solución inmediata ante un déficit es la de siempre: reducir gastos y/o aumentar ingresos con las tensiones que ello genera por quién o quiénes vayan a ser los ‘paganos’ del ajuste –qué gastos reduces (quiénes van a recibir menos) o quiénes van a pagar más-. Pero cuando políticamente no se alcanzan acuerdos –lo que, aunque sea habitual, es de irresponsables- o, simplemente, el déficit es tan descomunal, la solución pasa por endeudarse más para cubrirlo. Nuestra generación sólo tenemos que hacernos cargo de los intereses. La amortización del capital la pasamos a las siguientes.

Antes del impacto económico de la Covid-19 se preveía una subida de impuestos con incidencia en las rentas y patrimonios más altos y en el impuesto de sociedades. Figura en el programa del gobierno de coalición actual formado en enero cuando la economía estaba en recuperación y nadie veía el precipicio ubicado solamente dos meses más allá.

La magnitud del déficit en las cuentas de 2020 va a ser superior al que hubo en 2009

Su objetivo primario era reequilibrar los esfuerzos fiscales entre los contribuyentes, no el de reducir el déficit. Llámenle redistribución fiscal, justicia fiscal... o simplemente subida de impuestos. En cualquier caso, independientemente de su legitimidad y de sus razones, es lo habitual. En el primer año de legislatura prácticamente todos los gobiernos suben impuestos. Después, cuando prevén el final de la legislatura ya no lo hacen. Vienen elecciones y hay que prepararse bien para la ‘foto’ de las urnas.

Pero la caída en el precipicio de la pandemia ha cambiado radicalmente el escenario que contemplaba el actual gobierno de coalición. Desde una paulatina recuperación hemos pasado a la peor recesión económica desde la Segunda Guerra Mundial. Ante ello, por un lado muchos países europeos han bajado o aplazado los impuestos para mantener el dinero entre los particulares y ayudar así a la recuperación y, no menos significativo también, mantener los capitales dentro de sus fronteras.

Por otro lado, el Banco Central Europeo mantiene los tipos de interés en el 0% y lanza mensajes, al igual que la FED -su homólogo estadounidense-, de flexibilizar sus objetivos de inflación, es decir, no subirán los tipos aunque la inflación supere el 2%. En otras palabras, mantendrán sus estímulos de dinamización de la economía con tipos bajos durante mucho tiempo al objeto de que el dinero circule y, así, se paralice lo mínimo posible la rueda económica.

España es uno de los países de Europa con mayor economía sumergida.

No parece que ahora una subida de impuestos encaje con estas políticas económicas y menos cuando España está siendo el estado de la Unión Europea que peor está gestionando la pandemia y más necesitado está, precisamente, de las ayudas de la Unión.
En cualquier caso pronto veremos qué novedades fiscales contempla la propuesta de presupuestos generales para 2021. Quizás haya algún ajuste que satisfaga el programa del gobierno de coalición, y que les permita explotarlo mediáticamente, y seguramente contemple una reducción de bonificaciones fiscales lo que, de hecho, sería una subida de impuestos sin tocar los tipos máximos. En este sentido ya hay organismos recomendando esta reducción que, además, proporcionaría el titular de que los tipos máximos se mantienen. La letra pequeña sería otra cosa, como casi siempre.

En paralelo no está de más recordar que España es uno de los países de Europa con mayor economía sumergida. Es de difícil estimación pero diversas aproximaciones la sitúan entorno al 20% del PIB. La economía sumergida supone una pérdida de recaudación fiscal y reducirla también es justicia fiscal. Pero además, reducirla impacta significativamente en la reducción del déficit. Como grandes cifras y según diversas estimaciones, por cada 1% de reducción podrían aflorar de media en impuestos aproximadamente unos 2.000 millones de euros.
En el programa del gobierno de coalición figura también el objetivo de reducir la economía sumergida. Este objetivo presenta, además de las mencionadas, una ventaja clara: en cualquier circunstancia está alineado con los objetivos de la Unión Europea. En otras palabras, el esfuerzo en este sentido no es objeto de discusión.