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Las finanzas sostenibles han dejado de ser cosa de un puñado de inversores minoristas en busca de fondos libres de juego y apuestas, empresas de armamento, tabaco o energías fósiles. Tampoco son ya territorio exclusivo de modelos de banca ética cooperativa. Y mucho menos son sinónimo de bajas rentabilidades, cuando no rentabilidades negativas, compensadas por un compromiso social militante. Son un elemento central en el mundo financiero, y van a seguir ganando peso hasta convertirse en dominantes.
Los inversores institucionales se han lanzado a descarbonizar sus carteras, y la inclusión de empresas alineadas con criterios ASG (Ambientales, Sociales y de Gobernanza) -también conocidos como ESG, por sus siglas en inglés- cotiza al alza. El resultado es una explosión de nuevos productos financieros sostenibles.
Los criterios ASG (ESG, por sus siglas en inglés)
- Ambientales: Criterios que consideran actividades que tienen un impacto positivo en el medio ambiente, como reducir la contaminación y la generación de residuos, reducir las emisiones de gases de efecto invernadero (GEI), evitar el agotamiento de recursos y tratar de combatir el cambio climático. Algunos ejemplos de estas actividades podrían ser aquellas relacionadas con la eficiencia energética, la protección de la biodiversidad o el uso de energías renovables, entre otras.
- Sociales: Incluyen aspectos relacionados con las condiciones laborales y el respeto a los derechos humanos y de los trabajadores, la gestión de la relaciones con las comunidades locales (incluyendo las comunidades indígenas), la promoción de la salud y la seguridad y las relaciones con los empleados y la diversidad.
- Buen gobierno: Cuestiones relacionadas con el gobierno corporativo de la empresa, la calidad de la gestión y su cultura. Estas cuestiones incluyen ejemplos como la compensación de ejecutivos, la lucha contra el soborno y la corrupción, diversidad y estructura de las juntas directivas y estrategia fiscal, entre los más destacados.
La proporción de inversores que no tienen en cuenta factores de sostenibilidad se acorta año tras año, y el cambio de mayorías es cuestión de muy poco tiempo. Se trata de una tendencia que confirma Jordi Mercader, consejero delegado de inbestMe, un Robo Advisor con sede en Barcelona especializado en carteras indexadas (ETF o fondos indexados cotizados), que señala que «en estos momentos, entre un 25% y un 30% de las altas que tenemos son en fondos ISR (Inversiones Socialmente Responsables)».
«En diez o quince años, la inversión será sostenible o no será» (Jordi Mercader, inbestMe)Es un fenómeno que, si bien tiene una larga trayectoria a sus espaldas con los primeros fondos que excluían determinadas actividades o sectores, «ha explotado en estos últimos dos años, y especialmente a raíz de la pandemia de Covid-19», asegura Mercader, a medida que se han ido desarrollando los criterios ESG con los cuales calificar las inversiones.
«Hoy en día -prosigue el consejero delegado de inbestMe-, si no eres consecuente con el medio ambiente, lo pagarás. Las empresas sostenibles están más bien valoradas, y quiero creer que será una tendencia que a medio-largo plazo se consolidará».
«En diez o quince años -asegura Mercader-, la inversión será sostenible o no será. La tendencia hacia la sostenibilidad es clara, y la Unión Europea ha apostado claramente por este camino. Creo que es algo que ha cambiado en los últimos años, especialmente en los últimos meses, y que se trata de una megatendencia que durará muchos años».
El Plan de Acción para las Finanzas Sostenibles de la Comisión Europea lo ha cambiado todoDe nuevo aquí, Europa quiere situarse en la avanzadilla, empujando con regulaciones hacia este camino, en una tendencia global imparable. El punto de partida se sitúa dos años atrás, cuando la Comisión Europea (CE) presentó, en 2018, su Plan de Acción para las Finanzas Sostenibles. La idea era muy clara: la financiación pública no será suficiente para cumplir con los compromisos adquiridos por la Unión Europea en el Acuerdo de París sobre el Cambio Climático y la Agenda 2030 de las Naciones Unidas para el Desarrollo Sostenible.
Según los cálculos de la CE, alcanzar los objetivos fijados para 2030 en materia ambiental requiere alrededor de 180.000 millones de euros al año en inversiones adicionales. El Plan de Acción para las Finanzas Sostenibles fija la estrategia para incentivar que el dinero que manejan inversores institucionales y minoristas vaya encaminado hacia ese objetivo.
En julio de 2020 entró en vigor, en forma de reglamento, el primer elemento clave en esta estrategia para convertir la Unión Europea en un referente global en finanzas sostenibles: una taxonomía con un sistema de clasificación unificado para las inversiones sostenibles. Mediante una clasificación acotada a seis ámbitos concretos, los inversores podrán conocer si una determinada inversión se ajusta a esos criterios, actuando en consecuencia.
La nueva taxonomía verde de la CE:Es un primer paso que se completará con una legislación (que fuentes de la Comisión Europea calculan que podría entrar en vigor a principios de 2022) en la que este reglamento sobre taxonomía incorporará un listado con ejemplos de inversiones sostenibles y una definición de los criterios técnicos.
- Mitigación del cambio climático
- Adaptación al cambio climático
- Uso sostenible y protección del agua y los recursos marinos
- Transición hacia una economía circular
- Prevención y control de la contaminación
- Protección y restauración de la biodiversidad y los ecosistemas
Informar al inversor
Lo que está por llegar va un paso más allá, y afecta de manera directa a la directiva MiFID2. En vigor desde el año 2018 y de aplicación a los mercados financieros, esta directiva europea tiene como propósito que las legislaciones estatales que se derivan de ella aseguren la transparencia, eviten la especulación y establezcan obligaciones de información y protección para los consumidores.
Entre esas obligaciones se encuentra el test que cualquier gestor de activos está obligado a realizar a un inversor minorista para calibrar su grado de conocimiento sobre los productos en los que quiere invertir, así como su tolerancia al riesgo. Ahora, el Plan de Acción para las Finanzas Sostenibles de la CE quiere que también se incluya la sostenibilidad.
Lo explica Eva Hernández, colaboradora en la certificación EFPA ESG Advisor, que la semana pasada llevó a cabo las pruebas para certificar a los cien primeros profesionales en España en criterios ESG: «Va a haber cambios en MiFID2, y se va a tener que preguntar al inversor sobre sus preferencias de sostenibilidad, igual que se pregunta sobre la aversión al riesgo».
«Los sectores que no tengan en cuenta cuestiones medioambientales o sociales van a tener problemas de financiación» (Eva Hernández, EFPA)«La explosión de las finanzas sostenibles -explica Hernández- viene sobre todo por un tema regulatorio, a raíz del plan de acción que lanzó la Comisión Europea, que es como un tsunami. La preocupación por el cambio climático y el Acuerdo de París es un tema muy relevante, y [en la CE] se dieron cuenta de que hacen falta miles de millones de euros, que con la inversión pública no es suficiente, y que necesitan atraer al sistema financiero».
El momento era propicio, y 2020 fue la consagración de estas inversiones sostenibles desde el sector privado, con las emisiones de bonos verdes como una de las áreas de mayor crecimiento.
Bonos verdes
En un reciente informe elaborado por Deloitte en colaboración con la Fundación Naturgy, titulado El papel de las finanzas sostenibles en el sector de la energía, se destaca precisamente este auge de los bonos verdes, que contribuyen a que, en su conjunto, la financiación sostenible alcanzase el año pasado un volumen de cerca de 2.000 miles de millones de dólares a escala global, de los cuales 732.000 millones correspondieron al año 2020, con un incremento del 28% respecto al año 2018.
La financiación sostenible creció en España un 45% durante el pasado 2020En España, la financiación sostenible se ha multiplicado por nueve en los últimos cinco años, alcanzando los 33.000 millones de euros en 2020, con un crecimiento interanual del 45%. Y todo, con altas rentabilidades, por encima en muchos casos de las que han dado inversiones que no prestaban atención a criterios ESG.
«Por un lado nos viene la regulación -señala Eva Hernández-, y por el otro un boom con la transición energética. Se ha roto un mito en la inversión sostenible, que es el que decía que había que hacer sacrificios en rentabilidad. Con este boom hacia este nuevo sistema económico, las rentabilidades de los fondos sostenibles fueron mejores en 2020 que las de los tradicionales. Hasta ese momento, no había sucedido nunca de una manera tan visible».
Descarbonización de carteras
«Esta subida de precios ha sido muy grande, y todos esos sectores que no hayan tenido en cuenta cuestiones medioambientales o sociales, van a tener problemas de financiación -vaticina Eva Hernández-, porque cada vez hay más fondos que excluyen petroleras y energías fósiles».
Karim Zouhdi, secretario ejecutivo del board de IASE (International Association for Sustainable Economy), certificadora internacional en ESG, coincide: «Hay un proceso de desinversión, desde hace tiempo, en las empresas con gran huella de carbono, y la emisión de bonos verdes por parte de estas empresas responde a ello. Es una manera de protegerse por si el banco desinvierte».
«No es una moda.O eres verde o dejarás de existir» (Karim Zouhdi, IASE)Porque, entre las acciones contempladas en el plan de la CE para incentivar las finanzas sostenibles está recalibrar los requisitos de capital aplicables a los bancos (los famosos ‘test de estrés’), integrando la sostenibilidad con la inclusión de un ‘factor de apoyo verde’.
«Este año, los ‘test de estrés’ del BCE a los bancos se repiten con el añadido del riesgo climático -recuerda Zouhdi-, con lo que tener en el balance determinadas empresas, impacta. Las entidades financieras tienen un incentivo directo para sacarse de su cartera este tipo de empresas».
Y la tendencia se acelera. «El inversor cada vez está más sensibilizado, el consumidor cada vez pide más ecofriendly... y BlackRock (una de las mayores gestoras de inversiones del mundo) ya está diciendo a los consejos de administración que, o cumplen una serie de directivas, o se plantean desinvertir».
«Cuando el inversor institucional dice que hay que hacer esto, a la empresa le toca el bolsillo; y es cuando empieza a hacer bandera de ello. No es una moda. Es presión regulatoria, del accionista, del inversor institucional, del minoritario y del consumidor final. O eres verde, o dejarás de existir», concluye Zouhdi.
