Las pensiones que llegan

La tercera reforma del sistema de pensiones en una década encarrila su fase final. Tras las reformas de 2011 a cargo del Ejecutivo de José Luis Rodríguez Zapatero y de 2013 por parte del de Mariano Rajoy, el Gobierno presidido por Pedro Sánchez aprobó esta semana en su Consejo de Ministros la primera fase de un acuerdo que, si logra superar la segunda fase que se negociará en otoño, entraría en vigor en el año 2022. ¿Qué va a cambiar y por qué?

El primer punto se encuentra en el poder adquisitivo de los pensionistas, donde, con la entrada en vigor de esta reforma, las prestaciones de todas las pensiones contributivas, incluidas las pensiones mínimas, se actualizarán cada 1 de enero de acuerdo con la inflación media anual registrada en el mes de noviembre del año anterior. En el caso de que el IPC sea negativo, el importe de la pensión permanecerá invariable.

«El problema esencial es el demográfico: la tasa de fecundidad en España está en 1,2, una de las más bajas del mundo» (María José Pérez, URV)

Acaba así la práctica de vincular la subida de las pensiones a lo que se decida cada vez en los Presupuestos Generales del Estado, garantizando de esta manera el mantenimiento del poder adquisitivo de los jubilados.

El segundo gran cambio deroga la aplicación del que seguramente es el punto más controvertido de la reforma impulsada en 2013: el factor de sostenibilidad, cuya entrada en vigor estaba prevista para 2023. Se trata de una medida que recortaba  la pensión de jubilación en función de la esperanza de vida, y que ahora se sustituirá por un nuevo ‘mecanismo de equidad intergeneracional’, que comenzará a aplicarse a partir de 2027 y que los agentes sociales tienen que diseñar antes del 15 de noviembre.

En tercer lugar, se allana el camino para terminar de una vez con el déficit de la Seguridad Social, sacando de ahí los ‘gastos impropios’ (pensiones no contributivas, ayudas, deducciones...) y financiándolos con impuestos generales. El objetivo es que las cotizaciones a la Seguridad Social se limiten a financiar pensiones contributivas, mientras que el resto de pensiones asistenciales, hasta ahora a cargo de la Seguridad Social, distribuyan su financiación entre el conjunto de la ciudadanía.

«Si continuamos como hasta ahora, se romperá el pacto entre generaciones» (Josep Lladós, CEC)

A estos cambios de calado le siguen cuestiones como la jubilación anticipada, las prejubilaciones o el alargamiento de la edad de jubilación. En el primer caso, los requisitos de acceso a la jubilación anticipada no varían con respecto a la normativa actual, pero sí se diseña un nuevo esquema que modifica ligeramente las reducciones a aplicar y que en lugar de penalizar trimestralmente, penaliza mensualmente.

Otra de las novedades es que estos recortes se aplican sobre la cuantía de la pensión y no sobre la base reguladora de la misma, como hasta ahora, lo que perjudica a aquellas personas que cotizan por encima de la pensión máxima (2.707 euros al mes).

Respecto a las prejubilaciones, como regla general, se puede adelantar la jubilación dos años con respecto a la edad legal a la que le corresponda a cada ciudadano, según sus cotizaciones, aunque se permite jubilarse cuatro años antes a aquellos que accedan al retiro de forma involuntaria, por haber sufrido despido en los años previos. Quienes estén cobrando el subsidio para mayores de 52 años también podrán prejubilarse cuatro años antes.

Por último, quienes sigan trabajando una vez superada su edad legal de jubilación gozarán de un nuevo sistema de incentivos que mejora el actual, en el que podrán recibir una cantidad en forma de pago único en sustitución del 4% adicional a la pensión que rige actualmente, o mediante un sistema mixto que incluiría ambas opciones. La cantidad de pago único se determina en función del importe de la pensión y de los años cotizados, oscilando entre los 4.786,27 euros y los 12.060,12 euros.

Pacto intergeneracional

En la base de todas estas reformas hay una realidad demográfica ineludible: la generación del Baby Boom, que en España se sitúa en los nacidos entre 1956 y 1970, coincidiendo con el ‘Desarrollismo’ de la década de los años 60 (cuando la economía española abandonó definitivamente la autarquía y se abrió a los mercados internacionales, con la industria turística en cabeza), ha empezado a jubilarse.

Se trata de la generación que ha estado contribuyendo (y sigue haciéndolo) a la financiación de las pensiones de quienes les precedieron, y que ahora asisten a un relevo generacional sembrado de dudas. María José Pérez, profesora titular del departamento de Economía de la Universitat Rovira i Virgili (URV), asegura que «el problema esencial es el demográfico: cuánta gente aporta y cuánto aporta, frente a cuánta gente recibe y cuánto recibe».

«El sistema -prosigue Pérez- no es sostenible porque la tasa de fecundidad en España está en 1,2, una de las más bajas del mundo. Se puede paliar con inmigración, como hizo recientemente Alemania cuando incorporó a refugiados sirios, pero no debemos olvidar que tenemos una tasa de paro muy grande, que reduce la aportación».

«Además -prosigue esta economista-, el salario medio en España es de 27.600 euros brutos al año, mientras que en Alemania es el doble, y no es lo mismo cotizar por un salario que por otro. En todas estas reformas del sistema de pensiones está claro que, o se aporta más, sea ampliando la base de cotizantes con más gente, sea aumentando el porcentaje de cotización, o se aumentan los salarios con un incremento de productividad. Hay 9 millones de pensionistas y 18 millones de ocupados, y cada vez habrá más pensionistas».

«Las pensiones -reflexiona Josep Lladós, miembro del Col·legi d’Economistes de Catalunya (CEC) y profesor de Economía de la Universitat Oberta de Catalunya (UOC)- son un pacto entre generaciones, porque tú no cobras por lo que has cotizado».

«Esta generación que ahora se jubila -prosigue- es la que ha estado pagando durante treinta y cuarenta años, manteniendo vivo el sistema de pensiones. Si por ejemplo ahora les dices que o trabajan más años o cobrarán menos pensión -en relación a unas recientes declaraciones del ministro de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, José Luis Escrivá, de las que luego se desdijo-, estás rompiendo ese pacto. Es un tema muy delicado socialmente».

En su opinión, la respuesta está en atacar cuestiones mucho más estructurales. La primera de ellas, «la calidad de los puestos de trabajo que estás creando: si son de baja productividad, como sucede, entonces aportan poco a la Seguridad Social. El reto ahora es que suba la tasa de ocupación, facilitando que se incorporen al mercado de trabajo estos jóvenes y haciendo crecer la base de cotizantes».

La segunda, encarar el hecho de que «somos un país con una elusión fiscal muy alta, donde los grandes patrimonios buscan figuras societarias para pagar pocos impuestos, igual que hacen las grandes empresas, y todo esto tiene un coste en el Estado del Bienestar, con entre seis y siete puntos de recaudación menos que nuestros socios europeos».

«El primer problema es no tomarse en serio que la Seguridad Social es un pilar fundamental de cualquier país de primer orden» (Ernest Solé, UPF-BSM)

«El esfuerzo de solidaridad intergeneracional -resume Lladós- lo han hecho los trabajadores, mientras que otras figuras tributarias han sido poco eficientes recaudando impuestos. Pero la clave, insisto, es qué tipo de empresas y trabajos hacemos. ¿Si continuamos como hasta ahora tendremos ruptura social? Seguro que sí».

Ernest Solé, profesor del departamento de Operacions, Tecnologia i Ciència de la UPF Barcelona School of Management (UPF-BSM), coincide en que «si continuamente siembras dudas sobre la Seguridad Social, eso es algo muy malo porque, junto a la educación, es lo que marca la diferencia en un país, y sembrar esas dudas es malo tanto para atraer talento como para conseguir que vuelva».

«Si tú tienes dudas sobre tu pensión -prosigue Solé-, entonces no consumes tanto, y el primer problema es no tomarse en serio que la Seguridad Social es un pilar fundamental de cualquier país de primer orden, seas de derechas o de izquierdas».

Buena parte de esas dudas vienen, en su opinión, por cargar a la Seguridad Social una serie de gastos que le son impropios (deducciones en las cotizaciones para fomentar la ocupación, prestaciones por hijos, pensiones no contributivas...). «Lo primero que tienes que hacer -explica este profesor de la UPF-BSM- es administrar bien, y los gastos impropios son entre un 23% y un 24% del gasto de la Seguridad Social. Por supuesto que hay personas a las que se debe ayudar, pero esa ayuda tiene que salir de otros presupuestos».

La nueva reforma del sistema de pensiones va a poner orden en esto, pero no va a ser suficiente. «Quitando los gastos impropios -analiza Ernest Solé- solucionaremos un problema a corto plazo, pero no se solucionará el problema de la pirámide de población. Una tasa de paro del 40% entre los jóvenes es un problema, y no debería estar tampoco permitido que una persona se jubile con 60 años. Pero si creas incertidumbre, lo que sucede es que mucha gente coge miedo y se prejubila».

En este contexto, Ernest Solé asegura que «me preocupa mucho la ruptura del pacto intergeneracional. Veo mucho individualismo en las nuevas generaciones. Yo, que formo parte de la generación del Baby Boom, estoy orgulloso de cotizar para que las personas jubiladas tengan una buena vida, pero quizás ellos lo verán de una forma distinta».