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El Gobierno planea incorporar los ERTE al mercado de trabajo español de forma permanente. Así lo avanzó ayer el ministro de Inclusión y Seguridad Social, José Luis Escrivá, quien aseguró que ya están hablando con los agentes sociales para que pasen a ser un «factor estructural y permanente». Lo que pretende el Ejecutivo es mantener algunas de las ventajas de estos ERTE, que a día de hoy caducan el 31 de enero, más allá de esta pandemia.
El ministro Escrivá presumió de que el 80% de los más de 3,4 millones de trabajadores afectados por un ERTE ya se han reincorporado plenamente a sus trabajos. «Teniendo en cuenta que España tiene una mayor incidencia del Covid, este nivel de activación sorprende positivamente, porque otros países con menor incidencia no lo están alcanzando», precisó.
El objetivo es que, a partir de la experiencia de esta crisis, las empresas en dificultades, o que atraviesen una caída transitoria de la actividad, utilicen preferentemente las suspensiones de empleo y no se decanten por despedir a una parte de su plantilla, principalmente a aquellos trabajadores con un contrato temporal, que suponen casi una cuarta parte de los afiliados. «Todo el ajuste del mercado laboral español se hace con variaciones de los trabajadores temporales, lo que nos debe servir para reflexionar que el modelo de ERTE debe convertirse en permanente», defendió el ministro, que hizo hincapié en que las ayudas desplegadas por el Gobierno han permitido mitigar el impacto de la Covid en el mercado de trabajo y proteger en el peor momento de la crisis a más de seis millones de ocupados.
Estas medidas han sido especialmente eficaces para que la evolución del empleo haya sido mucho más favorable que la del producto interior bruto en los últimos meses. «A diferencia del comportamiento en otros momentos del pasado, en el que PIB y empleo se comportaban prácticamente igual, en esta ocasión la caída de la actividad ha sido cuatro veces mayor a la del empleo», destacó el ministro.
Este despliegue de ayudas está teniendo un elevado coste para las arcas de la Seguridad Social. Hasta septiembre han supuesto un gasto de casi 13.000 millones para este Ministerio, a lo que además habría que sumar el coste ocasionado por las prestaciones de desempleo y ERTE que asume el SEPE. En total, unos 23.000 millones de euros hasta ahora.
Escrivá desglosó el coste de estas ayudas por partidas, algo que desde hacía semanas le pedía la CEOE. Más de la mitad de esos 12.923 millones se han destinado a rebajas en las cotizaciones sociales. Así, las exoneraciones del sistema de protección de los ERTE han costado 5.218 millones, y otros 2.203 millones son a cargo de las bonificaciones de las cuotas a los autónomos. Sus prestaciones han supuesto un gasto de 4.138 millones. Además, la Seguridad Social ha pagado 1.369 millones en concepto de bajas laborales por la Covid-19. Desde que estalló la pandemia, un total de 1.645.000 trabajadores se han acogido a una baja por incapacidad temporal por coronavirus, lo que supone prácticamente uno de cada diez afiliados. Un 73% de esas bajas han sido por aislamiento, y un 27%, por contagio.
