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El colectivo de autónomos está en pie de guerra después de que el Gobierno diera a conocer hace apenas una semana a los agentes sociales su propuesta sobre el nuevo sistema de cotización que se basará en los ingresos reales. A sus principales asociaciones les ha sentado muy mal que el diseño de este nuevo modelo no se negociara con ellos.
Escrivá presentó por sorpresa los 13 tramos por los que pretende pasen a cotizar los más de 3,3 millones de autónomos en función de sus rendimientos netos. Aunque establece un periodo transitorio de nueve años desde su puesta en marcha en 2023, durante el cual se irán elevando progresivamente las cotizaciones, a partir de 2032 las cuotas de todos los trabajadores por cuenta propia oscilarán entre los 90 euros al mes y los 1.220 euros.
Pese a que Escrivá asegura que con este nuevo modelo la gran mayoría de los autónomos pagarán menos que ahora a la Seguridad Social, todos aquellos que facturen más de 22.000 euros anuales verán incrementada su cuota ya en 2023, mientras que cuando termine el periodo transitorio, a partir de 2031, será para todos los que ganen más de 17.000, puesto que ahora la gran mayoría escoge abonar la cuota mínima, de 288 euros al mes.
Cuando esta reforma entre totalmente en vigor, los trabajadores por cuenta propia tendrán que pagar hasta el 55% de sus ingresos al Estado, si se tiene en cuenta tanto el abono de cotizaciones como el pago del IRPF a Hacienda, según los datos facilitados por ATA. Esto sería para quienes obtienen unos rendimientos netos superior a 49.000 euros al año, pues tendrían que desembolsar 14.640 euros de cuota y a Hacienda algo más de 12.000 euros en concepto de IRPF, con lo que les quedaría para ellos 22.222 euros de ganancia neta, menos de lo que se llevaría el Estado. Aquellos que obtienen entre 47.000 y 49.000 euros al año también abonarían en impuestos más de lo que reciben por su trabajo: casi 25.000 euros. Para el resto sería menos, pero aún así incluso los que facturen más de 27.000 euros al año, lo que es claramente un sueldo medio y no alto, pagarían un 40% al Estado; un 42,6% los de más de 32.000 euros; los de más de 37.000 euros, un 45%, porcentaje que se eleva hasta el 48% para quienes ingresan más de 42.000 euros al año.
«Esto es un atraco, es un sistema claramente confiscatorio», ya que haría que el Estado ganara en muchos casos más que estos trabajadores, denuncia Lorenzo Amor, presidente de ATA, que advierte además de su «falta de progresividad». Y es que la cuota proporcionalmente más alta en el nuevo sistema la pagarían precisamente los que menos tienen. Así, aquellos que obtienen unos rendimientos inferiores a 3.000 euros al año tendrían que destinar más de una tercera parte de esta cantidad a pagar sus cotizaciones, que ascienden a 1.080 euros anuales, mientras que la cuota más baja si se compara en porcentaje con los ingresos sería para los que ganan entre 17.000 euros y 22.000 euros, un 16,6%.
