Los cambios en la reforma laboral llegarán por tramos y no a corto plazo

Un año después de que el coronavirus interrumpiera el inicio de las negociaciones de la derogación de la reforma laboral del PP, los responsables del Ministerio de Trabajo, los empresarios y los sindicatos (CCOO y UGT) retomaron ayer el diálogo social para acordar una de las cuestiones más peliagudas para las tres partes, e incluso dentro del Gobierno de coalición. En una reunión de casi cinco horas definieron el calendario de las negociaciones y las cuestiones que se abordarán para el desmontaje de la actual norma laboral.

A pesar de la extensa reunión en la sede del departamento liderado por la designada vicepresidenta tercera, Yolanda Díaz, los cambios de la reforma laboral no llegarán pronto. Y ni siquiera de una sola vez. Fuentes gubernamentales apuntaron que son cuestiones tan complejas que para poner de acuerdo a patronal y trabajadores harán falta muchos meses. Comenzará a tratarse en el seno del diálogo social para después ir recibiendo el visto bueno de los ministros del área económica, con la vicepresidenta Calviño a la cabeza.

Las partes asumen que la derogación –parcial, total o como políticamente se la quiera denominar– vendrá por partes. En un primer momento, se llevarán a cabo medidas puntuales que son las más urgentes para sindicatos o empresarios.

En la próxima reunión del diálogo social se abordará la polémica ultraactividad de los convenios, esto es, la posibilidad fijada en la ley por la que un acuerdo colectivo queda sin efecto y pasa al sectorial cuando, transcurrido un año desde su finalización, las partes no acuerdan uno nuevo. También tratarán la prevalencia de los convenios sectoriales sobre los de las propias empresas. Y negociarán cambios en el modelo de subcontratas en vigor desde la anterior reforma laboral (el artículo 42 del Estatuto de los Trabajadores) para evitar un abuso de las compañías que utilizan estos servicios. Pero quedarán en el tintero, por ahora, otras muchas polémicas, como la necesidad de acabar con la elevada temporalidad del mercado español, donde uno de cada cuatro contratos en vigor son precarios frente a los indefinidos. Así como las condiciones del despido.

Las posiciones son por ahora tan distantes que incluso fuentes de la CEOE no hablan de derogar ni siquiera parcialmente aquella reforma laboral de Mariano Rajoy. Trasladaron ayer a la mesa «que no es el momento de abordar la reforma laboral que se plantea, sino de avanzar en las políticas activas de empleo o la reducción de la dualidad del mercado laboral». Es lo que, a juicio de la patronal, recomienda Bruselas.

Yolanda Díaz ha reiterado en los últimos meses que pretende reducir a tres los números de contratos, ‘causalizar’ la temporalidad (que las empresas justifiquen de forma meridiana por qué acuden a estos contratos), imponer sanciones más duras para acabar con ese problema endémico del mercado laboral español, y diseñar un esquema permanente para los ERTE a los que han llegado a estar acogidos casi cuatro millones de empleados en la pandemia.