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La cumbre de cuatro días con sus cuatro noches que alumbró la madrugada del pasado martes el gran pacto europeo ha permitido a los gobiernos de los dos frentes implicados en el debate (tres, incluso) vender logros para consumo doméstico. Italia y España, los cuantiosos fondos que percibirán para combatir los efectos de la pandemia (más de 290.000 millones y más de 140.000 millones, respectivamente, entre transferencias y créditos); Países Bajos, los descuentos amarrados por los ricos (en su caso, 1.921 millones) de los cheques de compensación presupuestaria. E incluso el húngaro Viktor Orban –cuantías al margen–, se ha jactado de haber «frustado con éxito» la pretensión de la UE de ser más clara en el refuerzo del vínculo entre fondos europeos y respeto al Estado de Derecho. Eso, aun cuando se incluye por primera vez una cláusula con alusión directa a ello en un plan presupuestario. Pero bueno, «orgullo nacional», decía el líder magiar. Es lo que tiene la unanimidad, que requiere esfuerzos titánicos para sellar todas las fugas potenciales de votos. Y que en este caso, además, no deja ni vencedores ni perdedores netos.
Hasta aquí se ha llegado con una pandemia, una reacción de ‘sálvese quien pueda’ durante la crisis sanitaria y un Banco Central Europeo (BCE), agotando toda su artillería, con una compra masiva de deuda por valor de 1,35 billones y con su presidenta, Christine Lagarde, apremiando a los líderes a un arreglo urgente y ambicioso. Cuatro meses interminables de desencuentros norte-sur. Muchos, en una situación tan crítica, pero tiempo récord si se tiene en cuenta que la crisis griega requirió años y se saldó además con la imposición de duros ajustes.
El gran acuerdo ha sido posible porque Alemania cambió de bando (de líder de la austeridad en la anterior recesión, a árbitra de la solidaridad). También porque España incorporó la idea de los subsidios (frente a los créditos) con una propuesta que permitió salir del callejón de los eurobonos o coronabonos. Apostaba por un plan Marshall de un billón de euros, pero la filosofía de la transferencia, se quedó. El norte la acabó asumiendo. A golpe de previsiones económicas catastróficas –la última, desplome del 8,7% del PIB en la zona euro este año y del 8,3% en el conjunto de la UE– y más allá de mensajes y gestos de intransigencia para consumo interno, Países Bajos, Austria, Suecia, Dinamarca y Finlanda han entendido que sus economías exportadoras se resentirán mucho más si los grandes del sur no levantan cabeza.
Todo ha confluido para que finalmente la UE se reinvente en plena pandemia. Con un endeudamiento colosal en los mercados que posibilitará un torrente de transferencias no reembolsables (390.000 millones de un total de 750.000) a las regiones más golpeadas por el patógeno. Que, además, obliga a recaudar dinero con la imposición de nuevas tasas comunes. El dinero comenzará a fluir en 2021, cuando se activaría el presupuesto a siete años que da cobertura al fondo (1.074 billones de euros); unas cuentas conectadas con la consecución de un hito histórico: la descarbonización.
Pero la tramitación que queda por delante es compleja. El atomizado Parlamento Europeo que surgió de las elecciones de 2016 es el que tiene ahora la última palabra. Desde el jueves ya tiene fijada una posición para negociar con la presidencia alemana del Consejo. No se ponen pegas al fondo, pero sí a los recortes aplicados a determinadas partidas del presupuesto (tijeretazos en investigación, ayuda a la solvencia de empresas, desarrollo rural, ayudas a la transición.). También más firmeza para congelar fondos a aquellos Gobiernos que no respeten el Estado de Derecho.
La Eurocámara dará la batalla para intentar mejorar la partidas mermadas. Habrá que esperar varios meses para que se produzca la votación clave. Todo debería haber concluido en diciembre.
