Los empresarios reclaman a los municipios más inversión y que se reduzca la burocracia

«Planificación, coherencia y un modelo de ciudad definido». Es el triple lema que debería guiar a cualquier Ayuntamiento. Es la opinión de Joan Romeu. El constructor tarraconense lleva el emprendimiento en la sangre. Su abuelo, su padre y sus tres hermanos fueron y son empresarios. Tres generaciones a pie de obra, a la espera de que la cuarta siga, o no, la tradición familiar.

Romeu está al frente de Edificacions i Reparacions Tarragona y es miembro de la Junta Directiva de la Cepta (Confederació Empresarial de la Província de Tarragona). La patronal reclamó ayer una serie de medidas concretas a los alcaldes o alcaldesas que salgan de las urnas el 26 de mayo. El resumen: más inversión ‘de proximidad’, menos impuestos y una mayor agilidad administrativa. 

El constructor tarraconense, sin embargo, va más allá y defiende algo así como una filosofía vital del buen alcalde o alcaldesa: «Que tenga una línea definida. No debe gestionar teniendo en cuenta si le votarán más o menos. No puede emprender un proyecto y luego echar marcha atrás en función de si protestan diez personas. Hay que planificar y tirar adelante un modelo de ciudad, y hacer pequeños cambios si es necesario, pero no dar grandes bandazos. No es cuestión de ponerse unas orejeras y avanzar como un burro, sin hacer caso a nadie, pero sí de mantener una coherencia». 

Sigue Romeu: «Los empresarios necesitamos referencias estables. Un ayuntamiento no puede quejarse de que no se construyen viviendas de protección oficial y no facilitar el suelo para que se edifiquen. Es la Administración más próxima al ciudadano y debe tener claro hacia dónde ir».

Otra de las peticiones del empresario es que la administración sea «colaboradora, no opositora». Es decir, que acudir a la ventanilla de turno no se convierta en una odisea sin fin, en una insufrible carrera de obstáculos burocráticos, sino en un trámite ágil.

Según el ‘Observatori Empresarial’ presentado ayer por el jefe del gabinete de estudios de la Cepta, Juan Gallardo, es imprescindible crear ventanillas únicas «con un fuerte componente tecnológico y el uso de las nuevas tecnologías, para amparar y apoyar a todos los procesos de captación de nueva actividad empresarial e impulso a la ya existente».

Continúa el informe: «La ventanilla única no debe ser únicamente un lugar físico concreto, sino que debe disponer de un interlocutor eficiente, que ayude a tratar todos los temas de alcance local: la búsqueda de suelo, la ordenación urbanística, el acceso a la bolsa de trabajo y la oferta formativa y la gestión tributaria local».

Otra petición empresarial es el aumento de la inversión municipal, ya que «las corporaciones locales son las únicas administraciones que han culminado satisfactoriamente el intenso proceso de saneamiento que se puso en marcha en el año 2010, cuando estallaron las primeras turbulencias económicas, y que afectaron de forma extraordinaria a la economía española». En suma, que a falta de que el Estado o la Generalitat puedan emprender grandes obras, sean los ayuntamientos quienes gasten más.

Según los datos del informe, que cita como fuente a la Sindicatura de Comptes, entre 2014 y 2017, la inversión local se desplomó un 65% respecto a cuatro años antes. Entre 2010 y 2013, los quince principales Ayuntamientos de Tarragona (los de más de 10.000 habitantes) invirtieron un total de 430.511.320 euros. Entre 2014 y 2017, la cifra cayó a 148.196.840 euros. En ninguno de los dos casos se contabilizan las inversiones de las empresas municipales de Reus, según precisó ayer Gallardo.

Doblar la inversión

La patronal cree que, aunque habría que mirar el grado de saneamiento de cada ayuntamiento, en conjunto los quince municipios podrían invertir el doble que esos cuatro años, es decir, unos 300 millones de euros.

¿A dónde iría a parar ese dinero? Por ejemplo, a «aquellas actuaciones encaminadas a dotar a la comunidad afectada de los estándares mínimos en materia de servicios públicos: alcantarillado, abastecimiento de agua, alumbrado, pavimentación, etc», y, sobre todo, a los polígonos industriales de la demarcación para «mejorar su dotación, asegurando un mantenimiento adecuado de sus infraestructuras: accesibilidad, señalización, etc; un buen nivel de limpieza viaria, una recogida de residuos eficiente, una dotación adecuada de transporte público y aparcamiento y el mantenimiento de unos estándares aceptables de seguridad ciudadana».

El objetivo, según la Cepta, es crear empleo: «Se trata de optimizar la actuación inversora, buscando la mejora de las infraestructuras y equipamientos existentes y de maximizar el número de empresas contratadas a ese efecto. El impacto económico de esta actuación puede ser muy positivo, pues la reactivación de la obra civil es esencial para estimular la generación de empleo».