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Las empresas que ofrezcan planes de pensiones a sus empleados deberán informar a partir de ahora de la pensión privada que estiman que cobrarán una vez se jubilen. Así lo establece el real decreto aprobado esta semana por el Consejo de Ministros que traspone la directiva europea que regula las actividades y la supervisión de los fondos de pensiones de empleo, es decir, aquellos en los que los promotores son empresas y los partícipes, sus trabajadores, en virtud de los acuerdos de la negociación colectiva en materia previsora.
Tanto los partícipes actuales, que en 2019 rondaban los 1,96 millones, como los ya jubilados, deberán conocer los riesgos que asumen y también los costes de gestión de estos productos. La norma comunitaria, ahora también española, busca mejoras en la información y la transparencia de los planes, y también en los sistemas de gobierno y supervisión, con objeto de garantizar una buena gestión del ahorro de los trabajadores. Asimismo, incluye medidas para impulsar la competitividad en el sector y la creación de un mercado único europeo de planes de empleo, que favorezca las transferencias transfronterizas entre productos, algo especialmente útil para las multinacionales con un fondo de pensiones con varios planes para los trabajadores que tiene repartidos por varios países europeos.
El Real Decreto contempla la revisión de las pensiones en el supuesto caso que el IPC real supere el 0,9% de las estimaciones realizadas.La trasposición se efectúa con un año de retraso, que la portavoz del Gobierno, María Jesús Montero, ha excusado por la falta de Gobierno. El retraso podría haber acarreado una multa contra España.
La norma traspuesta también incluye garantías para los clientes de seguros, que deberán ser informados de todos los costes, gastos y riesgos que se asumen con estos productos. Ademas, periódicamente se habrá de analizar la idoneidad de estos instrumentos para cada inversor.
En materia de pensiones públicas, el ministro de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, José Luis Escrivá, compareció en el Congreso para defender el Real Decreto que revaloriza las prestaciones un 0,9% este año, el IPC previsto para el ejercicio, y pedir su convalidación por las fuerzas políticas de la Cámara, algo que logró.
El Real Decreto no sólo recoge ese aumento, al que los pensionistas tienen derecho desde el 1 de enero (la subida del primer mes del año se cobrará en la nómina de febrero), sino también su revisión en el caso en que el IPC real supere ese 0,9% estimado, lo que sería compensado con un pago adicional a final de año, «garantía para que esté asegurado el poder adquisitivo», declaró Escrivá.
El Consejo de Ministros aprobó esta semana pasada el real decreto con la subida del salario mínimo (SMI)El ministro hizo hincapié en la necesidad de reconstruir el consenso en materia de pensiones, puesto que, afirmó, el Gobierno no puede cargar sobre sus hombros la incertidumbre de que no haya acuerdo sobre cómo financiar el sistema de pensiones ni dejar que se erosione la prestación año tras año. «Nuestros pensionistas no sólo deben estar seguros de que no pierden poder adquisitivo, sino que deben estar seguros de que existe un máximo consenso político en torno al sistema de pensiones».
Escrivá anunció que las pensiones mínimas subirán por encima del 0,9%, aunque la cifra definitiva dependerá del margen presupuestario y de su financiación.
El Consejo de Ministros aprobó esta semana pasada el real decreto con la subida del salario mínimo (SMI) del 5,5% hasta los 950 euros brutos mensuales en 14 pagas en 2020, un alza que se aplicará con efecto del 1 de enero y que afectará a unos 2 millones de personas. La subida implica un aumento de 50 euros al mes y lleva el SMI a 13.300 euros brutos al año y 31,66 euros brutos al día con carácter general. El real decreto no requiere convalidación parlamentaria e incluye la subida del 5,5% de la base mínima de cotización.
