Los presupuestos de 2019 quieren ser más sociales

El Gobierno ha dado ya el pistoletazo de salida a la preparación de los Presupuestos Generales del Estado (PGE) para 2019 apenas unos días después de que el Congreso haya resuelto la aprobación final de las nuevas cuentas para 2018.

No obstante, su principal punto de partida, el techo de gasto, probablemente no sea aprobado por el Consejo de Ministros hasta la segunda quincena de julio. Y aunque se prevé que aumente más que este año -un 1,3% en lo que fue su primera subida desde 2014-, también los ingresos deberán hacerlo por encima -un 4,5% previsto en 2018-.

Será la única forma de cuadrar unas cuentas en las que el Ejecutivo de Pedro Sánchez quiere que «el cumplimiento de las obligaciones» con la UE -para 2019 se ha comprometido un objetivo de déficit equivalente al 1,3% del PIB, frente al 2,2% de este año- «ocupe un lugar primordial». Y lo hará «reforzando el compromiso con una política fiscal sólida y sostenible», según una orden ministerial publicada ayer sábado en el BOE.

El documento no concreta cifras (básicamente establece el mecanismo para preparar los PGE, dando de plazo hasta el 16 de julio para que todos los organismos y empresas públicos presenten sus propuestas), aunque sí habla de «prioridades» para esas cuentas, por ejemplo, dar «un impulso decisivo» a un modelo de crecimiento que «revierta la regresión de derechos que ha seguido a la crisis».

Estado de bienestar

Un modelo, continúa el documento publicado ayer en el BOE, que «resitúe al Estado de bienestar como eje central» y donde además los servicios públicos fundamentales sean «también decisivos factores de crecimiento económico».

Según los anuncios que ha ido haciendo el Ejecutivo en el apenas un mes que lleva al mando del país, en 2019 se suprimirían los peajes de las primeras autopistas que vayan extinguiendo su concesión, se derogaría la reforma sanitaria de 2012 y se suprimirían los copagos farmacéuticos, además de ligarse las pensiones por completo al IPC.

La factura de todo eso estaría entre 3.500 y 4.000 millones de euros en función de la letra pequeña, es decir, elevaría el gasto final del Estado entre un 2,5% y un 3,3%. De ahí que el Gobierno insista en que tendrá una política fiscal «sólida y sostenible», subiendo impuestos para ello.

En la orden elaborada por el Ministerio de Hacienda no se dan pistas de esos cambios tributarios -desde el gabinete de Pedro Sánchez se han apuntado desde tasas a la banca y a los gigantes digitales, hasta un incremento del gravamen al carburante diesel e incluso llegar a destopar las cotizaciones sociales-, aunque sí habla de «reactivar» el Sistema Nacional de Ciencia y Tecnología y también de las políticas activas de empleo, al considerar ambos elementos «determinantes para que la economía española sea capaz de aumentar su competitividad».

Salarios

De igual forma, y aunque no dependa de los Presupuestos del Estado, el Gobierno califica de «insostenible» la «senda de reducción de salarios que deja tras de sí un número inaceptable de trabajadores y trabajadoras pobres».
Lo que sí afecta a las cuentas públicas es que ese mismo problema «agrava la grieta financiera de la Seguridad Social». Por último, también considera una «condición inexcusable» abogar por la lucha contra el cambio climático y a favor de la sostenibilidad ambiental.